La organización agraria UPA-UCE Extremadura se ha declarado “defraudada” por la oportunidad que, a su entender, Europa “ha desperdiciado” para defender al sector arrocero, al considerar que las cláusulas aprobadas este martes por el Parlamento Europeo resultan “totalmente ineficaces”.
Ante este escenario, la organización advierte de que “seguirán luchando en Bruselas para que se revisen las condiciones de importación del arroz que hunden los precios en España”.
Tal y como explica UPA-UCE en una nota de prensa, el Parlamento Europeo dio luz verde este martes, con 459 votos a favor, 127 en contra y 70 abstenciones, al denominado Sistema de Preferencias Generalizadas, un instrumento comercial que permitirá a 65 países exportar sus productos —salvo armas y municiones— con aranceles reducidos o nulos durante los próximos diez años, con la finalidad de respaldar la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible.
Este desenlace ha caído “como un jarro de agua fría” sobre los arroceros extremeños y del resto de España, que “se ven afectados por importaciones masivas de países como Camboya y Myanmar”.
En este contexto, UPA-UCE Extremadura ha mostrado su malestar por el sentido de la votación, ya que “se han rechazado las pretensiones de los países productores”, entre ellos España, que reclamaban la incorporación de cláusulas de salvaguarda “mucho más intensas, que sirvieran para proteger a los agricultores de una materia prima básica como es el arroz”.
La organización agraria critica también que los países no productores hayan mantenido una “actitud egoísta, con la única pretensión de obtener importaciones masivas a bajo precio”, algo que se suma a una normativa de etiquetado que el sector rechaza porque, según sostiene, “los consumidores no saben de dónde proviene el arroz que están comprando, pues no es obligatorio que se refleje en la etiqueta”.
Ante este panorama, UPA-UCE insiste en que “seguirán luchando para lograr reformar este sistema en 2027, cuando se abrirá una ventana para revisarlo”, y reitera que “Europa debe proteger a sus sectores en toda la Unión”, ya que, si se defiende “una verdadera soberanía alimentaria estratégica del continente no tiene sentido que hundamos a sectores estratégicos”, subraya la organización.