La infancia en situación de desamparo sigue siendo una asignatura pendiente en España. Los centros de acogimiento residencial, que deberían ser un recurso excepcional y transitorio, han pasado a convertirse en el destino habitual para tres de cada cuatro niños, niñas y adolescentes bajo la tutela del sistema de protección. En demasiados casos, lo que debería ser un refugio temporal se convierte en una estadía prolongada, casi permanente, que perpetúa vulnerabilidades en lugar de mitigarlas. Frente a esta realidad, el sistema no solo ha fallado en priorizar alternativas familiares, sino que ha permitido desigualdades territoriales flagrantes que contradicen el principio de igualdad y el interés superior del niño.
Es hora de preguntarse si estamos, como sociedad, cumpliendo con el mandato moral y jurídico de garantizar que todos los infantes crezcan en entornos seguros, humanos y dignos.
La consulta pública del proyecto de Real Decreto, impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia bajo la dirección de Sira Rego, supone un primer paso para corregir décadas de inacción. Este borrador, abierto a aportaciones hasta el 27 de noviembre, busca establecer estándares mínimos de calidad en los centros de acogimiento residencial en aspectos como la infraestructura, los recursos humanos y los procedimientos de ingreso y salida.
