En su obra Lingua Terti Imperii, Víctor Klemperer analiza cómo el lenguaje es una poderosa herramienta de control que condiciona las representaciones, individuales y colectivas, al tiempo que modela la percepción de la realidad hasta convertirla en una sombra. La perversión del lenguaje se ha instalado en la discusión pública sobre la inmigración hasta extremos insospechados.
Para denominar el fenómeno de la inmigración ilegal, autores como Violeta Moreno- Dax, rechazan la calificación de crisis, pues conduce a la consagración de mecanismos excepcionales y a una terminología bélica no siempre acorde con los valores en causa. Sin embargo, no encontramos mejor expresión para describir una situación que en Europa se remonta a 2015/2016.
Con el estallido de la guerra en Siria, un millón ochocientas mil personas entraron irregularmente en Europa, principalmente por vía marítima y solicitaron asilo. La capacidad de respuesta de los Estados quebró y el modelo europeo se fracturó irremisiblemente. La propuesta de reforma de la presidencia luxemburguesa chocó con la frontal negativa de los países que conforman el llamado Grupo de Visegrado (República Checa, Eslovaquia, Hungría y Polonia). Un bloque que se mantiene compacto hasta hoy.
La situación ucraniana
La invasión de Ucrania mereció un enfoque completamente diferente. En marzo de 2022 la UE activó la Directiva de protección temporal, prorrogada hasta el 4 de marzo de 2025. Según Eurostat, son 4’1 millones los refugiados de Ucrania registrados como beneficiarios de protección temporal o sistemas similares.
Con ello se alivia la presión sobre los sistemas nacionales de asilo y se garantiza a los refugiados ucranianos la residencia el acceso al mercado laboral, a la vivienda, atención médica, asistencia social y la educación de los menores.
Según Eurostat, son 4’1 millones los refugiados de Ucrania registrados como beneficiarios de protección temporal o sistemas similares.
En 2021, la UE sufrió un ataque híbrido por los movimientos de refugiados a la frontera con Polonia desde Bielorrusia. Una “instrumentalización orquestada» que dio lugar a un enfrentamiento con el régimen de Lukashenko, que aún persiste.
El informe de ACNUR Desplazamiento forzados en 2022, publicado el 14 de junio de 2023, constata que las personas desplazadas por la fuerza han aumentado de 40 millones en 1990 a 108,4 millones en 2022.
El 2023 se podría considerar como otro episodio de crisis. En lo que va de año, 233.500 migrantes irregulares han llegado a las regiones mediterráneas de Europa, frente a los 159.410 que vinieron en 2022.
En cuanto a la situación en España, desde el 1 de enero al 15 de noviembre de 2023 la llegada de inmigrantes irregulares, sobre todo por vía marítima, se incrementó un 62 por ciento respecto del año 2022. Según datos del Ministerio del Interior, en 2006, durante la crisis de los cayucos llegaron a Canarias más de 31. 000 migrantes irregulares, en lo que va de año han llegado 46.862.
Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo
El 23 de septiembre de 2020, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, presentó el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, uno de sus proyectos cruciales.
Un Pacto que es decisivo, sin duda, para afrontar uno de los principales elementos de división y conflicto de los Estados miembros, inmersos en un enconado debate marcado por la radicalización del discurso, la polarización y las narrativas demonizadoras, que al fin y al cabo lo son del otro, del diferente.
En 2020, la Comisión Europea presentó el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, uno de sus proyectos cruciales.
El Pacto aspira a configurar un marco jurídico integral y coherente para superar la gestión unilateral y descoordinada de las crisis migratorias con la llegada masiva de solicitantes de asilo en los últimos años. El Pacto es un conjunto complejo de políticas e instrumentos jurídicos de diferente naturaleza que pretende dotar a la UE de procedimientos más eficaces y aspira a lograr un nuevo equilibrio entre la responsabilidad colectiva y la solidaridad; entre los Estados miembros, precisión no insignificante.
Las piezas fundamentales del Pacto son cinco Reglamentos:
1. El Reglamento de selección o de cribado: aplicable a los nacionales de terceros países que entren irregularmente en el territorio de la UE, arriben a tierra en el marco de una operación de salvamento o sean detenidos tras haber eludido los controles fronterizos. Establece un procedimiento previo para un examen rápido del perfil del solicitante de asilo, en el que se recogerá información sobre su identidad del migrante, huellas dactilares e imagen facial, además de sus condiciones de salud, seguridad y vulnerabilidad.
Este procedimiento no debería durar más de cinco días. Una vez reunidos todos los datos, las autoridades nacionales podrán decidir el siguiente paso en el proceso de asilo.
2. El Reglamento Eurodac (modificado): Las pruebas biométricas obtenidas se almacenarán en Dactiloscopia Europea, Eurodac, la base de datos de la UE que permite cotejar las nuevas solicitudes de asilo con las registradas en el pasado. Eurodac existe desde 2003 y la utilizan los 27 Estados miembros más Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein.
El Consejo aprobó ambos Reglamentos el 22 de junio de 2022, mientras que el Parlamento Europeo alcanzó su posición común sobre Eurodac el 12 de diciembre de 2022 y sobre el Reglamento de selección el 20 de abril de 2023.
3. El Reglamento sobre procedimientos de asilo (RPA) modificado cuando el migrante solicita formalmente protección internacional, establece dos posibilidades:
• El procedimiento fronterizo para solicitantes procedentes de un país con una baja tasa de reconocimiento (como Túnez, Egipto, Marruecos y Pakistán), que hayan facilitado información fraudulenta o supongan un riesgo para la seguridad nacional. Las autoridades no les permitirán entrar en territorio nacional y podrían recurrir a medidas de detención.
El procedimiento fronterizo debe durar un máximo de 12 semanas. Si se rechaza la solicitud, las autoridades tendrán otras 12 semanas para devolver al migrante a un país extranjero.
Los 27 Estados miembros deben disponer en todo momento de recursos suficientes para tramitar un número mínimo de solicitudes de asilo y decisiones de retorno.
• El procedimiento de asilo para los demás solicitantes, incluidos los menores no acompañados y las familias con hijos menores de 12 años. Los países podrían permitir a los solicitantes entrar en su territorio y proporcionarles alojamiento.
Los 27 Estados miembros deben disponer en todo momento de recursos suficientes para tramitar un número mínimo de solicitudes de asilo y decisiones de retorno.
El Parlamento Europeo aprobó una posición común sobre el RAP el pasado 28 de marzo.
4. El Reglamento de Gestión del Asilo y la Migración (AMMR): establece un sistema de solidaridad obligatoria, que se activará cuando uno o varios Estados miembros se encuentren bajo «presión migratoria”. El sistema obligará a los demás países a ayudar a través de tres opciones diferentes:
• Reubicar en su territorio a un número determinado de solicitantes de asilo.
• Pagar una contribución por cada solicitante de asilo que se nieguen a reubicar.
• Financiar apoyo operativo, como personal, instalaciones y equipo técnico.
Los compromisos se canalizarán hacia un fondo de solidaridad, al que podrán recurrir los países bajo presión. La Comisión Europea insiste en que no se obligará a ningún Estado miembro a reubicar a los inmigrantes si prestan ayuda a través de cualquiera de las otras dos opciones.
El Parlamento Europeo aprobó una posición común sobre el AMMR el pasado 20 de abril. Estos dos Reglamentos fueron aprobados el 8 de junio en el Consejo de Ministros de interior celebrado en Luxemburgo, con un respaldo más amplio del esperado, pues únicamente Hungría y Polonia se opusieron.
Se establece un objetivo obligatorio de 30.000 reubicaciones anuales y una contribución de 20.000 euros por solicitante de asilo, que se canalizarán hacia un fondo común de la UE aún por definir.
5. El Reglamento sobre crisis y fuerza mayor¸ establece normas excepcionales que solo se aplicarán cuando el sistema de asilo se vea amenazado por una llegada masiva de refugiados, o por una situación de fuerza mayor.
En estas circunstancias, las autoridades nacionales podrán aplicar medidas más duras, como ampliar de 12 a 20 semanas el procedimiento fronterizo y el periodo de internamiento de los solicitantes rechazados. El Reglamento de Crisis se basa en el AMMR y prevé un despliegue más rápido de las tres medidas de solidaridad, incluida la transferencia de solicitudes de asilo entre Estados miembros para aliviar la carga impuesta al país de llegada.
Posición europea común
El Parlamento Europeo aprobó su posición común el 20 de abril de este año. El pasado 4 de octubre en el Consejo Europeo de Granada se alcanzó el acuerdo sobre el reglamento de crisis. En una cuestionable cesión a los países más duros, el Consejo suprimió la posibilidad de conceder «protección inmediata» a los refugiados que huyan de una situación de peligro extraordinario, como un conflicto armado.
¿Será suficiente la solidaridad institucionalidad ¿Volverá a enfrentarse la UE al mismo caos que en la crisis de 2015/2016? Debe serlo para evitar el colapso del Espacio Schengen.
Estos cinco Reglamentos deberían estar aprobados en la primavera de 2024, con el propósito de que el Nuevo Pacto europeo de Migración y Asilo sea una realidad antes de las Elecciones Europeas de 2024. La cuestión no es baladí, pues la radicalización del debate sobre la cuestión migratoria ha sido determinante en algunos procesos electorales.
¿Será suficiente la solidaridad institucionalidad ¿Volverá a enfrentarse la UE al mismo caos que en la crisis de 2015/2016? Debe serlo para evitar el colapso del espacio Schengen, impedir la vuelta a la gestión unilateral, respetar el principio de no devolución de los refugiados a países en los que corren peligro y apartar la tentación de la UE de subcontratar sus obligaciones de protección internacional más de lo que lo está haciendo actualmente.
SOBRE LA FIRMA Pilar Blanco-Morales Limones es catedrática de Derecho internacional privado, docente en la actualidad en la Universidad de Sevilla. Ha sido vicepresidenta primera (2017-2023) y consejera de Hacienda y Administración Pública (2015-2023) de la Junta de Extremadura, además de directora general de los Registros y el Notariado, en el Ministerio de Justicia (2004-2009).