Han sido casi tres años de trabajo, reuniones, propuestas, diálogo y perseverancia para llegar hasta aquí. Tres años escuchando a quienes llevaban demasiado tiempo reclamando una solución justa. Hoy podemos decir que la pasarela al RETA es ya una realidad.
Todo comenzó con una reunión con un grupo de abogadas de Galicia. Fueron ellas quienes nos trasladaron una situación profundamente injusta que afectaba a miles de mutualistas. Tras toda una vida de ejercicio profesional, muchas de ellas se enfrentaban a una jubilación con prestaciones de apenas entre 300 y 500 euros mensuales, sin carácter vitalicio y, además, sin revalorización conforme al IPC. Era difícil encontrar un ejemplo más evidente de cómo un sistema podía fallar precisamente a quienes habían dedicado décadas de trabajo y cotización.
Después llegaron muchas más reuniones. Mutualistas de todos los rincones de España, organizadas en asociaciones, plataformas o pequeños colectivos, e incluso a título individual, compartían una misma preocupación y reivindicación: que su esfuerzo profesional tuviera un reconocimiento digno cuando llegara el momento de la jubilación.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista entendimos desde el primer momento que no estábamos únicamente ante un problema técnico del sistema de previsión social. Estábamos ante una cuestión de justicia social. Y, una vez más, comprobamos que las principales perjudicadas eran las mujeres.
Las generaciones de abogadas y procuradoras que comenzaron a ejercer durante las décadas de los ochenta y los noventa tuvieron que abrirse camino en profesiones altamente competitivas y tradicionalmente masculinizadas. Construir una cartera de clientes, consolidar un prestigio profesional, asumir guardias, vistas, señalamientos y jornadas interminables exigía una dedicación absoluta.
Pero muchas de ellas tuvieron que hacerlo soportando, además, una segunda jornada invisible. Mientras desarrollaban su carrera profesional, continuaban asumiendo casi en exclusiva el cuidado de los hijos, de las personas mayores dependientes y de sus hogares. Esa era la realidad cotidiana de miles de mujeres. Por supuesto que hubo excepciones. Pero las excepciones nunca pueden ocultar cuál era la norma.
Cuando una situación es injusta para el conjunto de la sociedad, casi siempre termina castigando con mayor intensidad a las mujeres. Las desigualdades estructurales multiplican sus efectos allí donde ya existen brechas laborales, salariales o de cuidados.
Por eso, esta ley tiene un profundo componente reparador: reconoce una deuda moral que se creó con toda una generación de profesionales que ha desarrollado su vida laboral en unas condiciones infinitamente más complicadas de las que existen hoy.
Como mujer, como socialista y como feminista, haber sido la ponente de esta ley ha sido un verdadero honor y será uno de los objetivos más importantes de mi trayectoria parlamentaria. Una de esas cosas que dan verdadero sentido a quienes nos dedicamos a la política: el poder mejorar la vida de las personas corrigiendo injusticias que nunca se debieron dar.
Esta norma hace justicia con todas las personas mutualistas, pero también representa una justicia especialmente necesaria para quienes soportaron un sobreesfuerzo permanente durante décadas. No fueron heroínas ni mujeres extraordinarias capaces de llegar a todo por una supuesta vocación de sacrificio. Fueron mujeres que ejercieron su profesión con excelencia mientras cargaban con unas responsabilidades familiares que la sociedad seguía atribuyéndoles casi exclusivamente por el hecho de ser mujeres.
Ellas protagonizaron el avance de los derechos de las mujeres en nuestro país, pero lo hicieron sin haber podido desprenderse todavía del peso de una organización social profundamente desigual. Su esfuerzo contribuyó a abrir el camino para muchas otras.
El Gobierno de España ha impulsado nuevas reformas de nuestro sistema público de pensiones que garantizan hoy un mecanismo más sólido y sostenible, preparándolo mejor para afrontar importantes retos futuros como el demográfico. El refuerzo de los ingresos, la incorporación de mecanismos de evaluación y seguimiento y la puesta en marcha de nuevas herramientas, permitirán anticipar y responder a los desafíos futuros con mayor seguridad.
Esta ley también nos invita a reflexionar sobre el verdadero valor de nuestro sistema público de pensiones: la contributividad, y la solidaridad intergeneracional son dos variables inseparables si queremos garantizar un futuro de pensiones dignas para todos.
Defender el sistema público de pensiones es, por supuesto, garantizar su viabilidad; pero también significa preservar uno de los principales pilares del Estado del bienestar y asegurar que nadie vea comprometida su dignidad después de toda una vida de trabajo.
Quedan todavía muchos derechos por conquistar y muchas reformas por abordar desde el Poder Legislativo en materia de protección social y pensiones. Pero cada avance cuenta. Cada ley que corrige una desigualdad fortalece nuestra democracia. Cada derecho reconocido hace de España un país más justo, y más igualitario y digno.
Porque legislar no consiste únicamente en aprobar normas. Consiste, sobre todo, en reparar injusticias y en garantizar que nadie quede atrás.
Sobre la firma:
Ana Cobo Carmona es diputada del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados y ponente de la Ley de la pasarela al RETA.