El Tribunal Supremo, en su Sentencia 1160/2026, de 15 de octubre, ha anulado en su totalidad el Real Decreto 809/2025, sobre protección de los cerdos. La sentencia no cuestiona sus fines de bienestar animal, sino la evaluación de su impacto económico. La memoria afirmaba que la norma “no tiene impacto económico directo significativo” sin estimar cuántas granjas se verían afectadas ni qué inversiones o costes les supondría. Para el tribunal, cuando la memoria impide conocer las razones de esa conclusión, el defecto “deja de ser meramente formal para convertirse en un vicio sustancial del procedimiento de elaboración normativa”.
El Supremo ya había anulado por el mismo motivo el real decreto sobre el arancel de los procuradores, en 2024, y las tablas de densidad del Real Decreto 159/2023, en 2025. La Ley 50/1997, del Gobierno, exige que los proyectos normativos analicen su impacto económico. Lo novedoso es la intensidad con que los tribunales controlan ese análisis, que ya consideran parte de la validez de la norma.
Una cuestión estratégica para la política ambiental e industrial
España atraviesa una etapa decisiva. La transición ecológica, la reindustrialización y la autonomía estratégica descansan sobre nuevas normas que piden a las empresas inversiones a largo plazo, mientras la Unión Europea ha situado la simplificación y la competitividad en el centro de su agenda. La calidad con la que se elaboran las normas es ya un factor de competitividad del país.
Una norma anulada aplaza el objetivo que perseguía, deja a quien invirtió para cumplir a tiempo en peor posición que a quien esperó y debilita la confianza de los inversores, condición básica para atraer los proyectos industriales que la transición necesita.
Cinco propuestas para regular con solidez
Desde Vinces planteamos cinco propuestas para reforzar el método con el que se elaboran las normas:
- Hacer de la memoria de impacto un instrumento de decisión. Debe elaborarse mientras se diseña la norma, y no para justificarla una vez redactada. Debe cuantificar a cuántos operadores afecta, qué inversiones exige, quién las soporta y qué efecto tiene sobre la competitividad, el empleo y las pymes.
- Elaborar las normas con los sectores. Buena parte del conocimiento necesario para regular bien está en las empresas: costes reales, tecnologías disponibles y plazos de inversión. Un diálogo estructurado y estable desde la fase de diagnóstico, reflejado en la memoria, mejora la norma sin restarle necesariamente ambición y refuerza su legitimidad.
- Revisar de forma independiente las normas de mayor alcance. Idealmente, un órgano independiente debería verificar su análisis económico antes de su aprobación, como hacen el Regulatory Scrutiny Board de la Comisión Europea, el Normenkontrollrat en Alemania o el ATR en los Países Bajos.
- Gobernar de forma conjunta la política ambiental y la industrial. En nuestro trabajo con empresas industriales comprobamos que una misma actividad puede estar sujeta a varias normas cuyos fines, a veces, chocan. Medio Ambiente e Industria deberían compartir el liderazgo y la planificación normativa. La memoria debería medir la carga acumulada que soportan las empresas, además de la que añade cada nueva obligación.
- Dar previsibilidad a la inversión, con calendarios realistas, periodos transitorios proporcionados y una evaluación posterior de cada norma que permita corregir a tiempo.
La Administración cuenta con funcionarios altamente cualificados, que conocen a fondo los sectores que regulan y son plenamente capaces de realizar este trabajo. Se trata de dotarles del tiempo, los medios y los datos necesarios. Si se aprovecha así, esta sentencia puede contribuir a que las próximas normas ambientales e industriales se aprueben con la solidez que necesitan quienes deben invertir para cumplirlas.