La regulación del lobby en todo el mundo suele avanzar a golpe de escándalo y esta vez, en España, lo hace a lomos de un difuso Plan de Acción Democrática.
Alguna vez tendrá que ser la definitiva a la hora de regular el lobby en España, por lo que, sin querer generar falsas ilusiones, podemos decir que el Proyecto de Ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés podría acabar convertido en la primera ley que regule el lobby en nuestro país, y terminar con un marco normativo disperso, conformado como un puzle de normas autonómicas, locales y sectoriales, que no siempre conviven de manera armónica.
Aunque esperamos que sea la última, no es la primera vez que se intenta regular el lobby en nuestro país. Tras el fallido intento constituyente de constitucionalizar su regulación, hay que esperar a 1991 para, en el contexto del escándalo Juan Guerra, encontrar un impulso a la regulación, en forma de la reforma del delito del tráfico de influencias y un par de proposiciones no de ley (PNL) instando al gobierno a regular este tipo de actividades.
Desde entonces se han ido sucediendo innumerables propuestas y debates cargados de carácter político, entre las que destacan las que se incluyeron en las enmiendas a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. De poco había servido, hasta la fecha, la insistencia de la OCDE, la Comisión Europea en su informe sobre el Estado de Derecho o del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) para que los distintos partidos se pusieran de acuerdo en la necesidad de regular los lobbies y la forma de hacerlo.
Sin embargo, por quedarnos con el vaso medio lleno, los sucesivos fracasos han servido para ir delineando un proyecto que, de aprobarse, pondrá a España en la lista de los países con una regulación del lobby más avanzada.
