El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) prevé movilizar más de 500 millones de euros a lo largo de la actual legislatura en políticas activas de empleo orientadas a “mejorar las oportunidades laborales de las personas desempleadas, facilitar su incorporación al mercado de trabajo y adecuar su cualificación a las demandas del tejido productivo”.
Así lo ha indicado la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, durante una comparecencia en el Pleno del Parlamento andaluz, en la que ha detallado las principales líneas de trabajo del organismo para los próximos años.
La responsable de Empleo ha precisado que la nueva etapa del SAE se estructura en tres ejes esenciales, que pasan por “reforzar la relación con las empresas para anticipar sus demandas de contratación, ofrecer una atención más personalizada y preventiva a las personas desempleadas y avanzar hacia una gestión más digital y orientada a resultados”.
El propósito último, según ha subrayado, es “evolucionar hacia un servicio que no se limite a gestionar ofertas de trabajo, sino que sea capaz de conectar de manera más eficaz a las empresas con los profesionales que necesitan”.
Para alcanzar estos objetivos, la hoja de ruta del SAE se apoyará en una batería de programas de políticas activas de empleo, entre los que sobresale 'Andalucía Orienta', dotado con 138 millones de euros y con la previsión de atender a unas 595.000 personas.
Asimismo, el programa de Experiencias Profesionales para el Empleo (EPES) contará con 52 millones y una participación estimada de 13.900 personas. A estas actuaciones se suma 'T-Acompañamos', que aglutina más de 260 millones entre iniciativas en marcha y previstas, enfocadas a mejorar la inserción laboral de jóvenes, mayores de 52 años y colectivos en situación de vulnerabilidad.
La programación incorpora también casi 18 millones para la iniciativa ALMA, orientada a “mejorar la empleabilidad de jóvenes con especiales dificultades mediante experiencias de movilidad y aprendizaje”.
En paralelo, se mantendrá el programa específico de apoyo a mujeres víctimas de violencia de género, con cerca de 4,4 millones actualmente en ejecución y otros 4 millones reservados para una nueva intervención. Igualmente, se continuará con las actuaciones del II Plan de Empleo de Personas con Discapacidad 2025-2028, dotado con alrededor de 58,9 millones.
Otro ámbito clave será el refuerzo de la formación ajustada a las necesidades reales de las empresas, a través de la Red de Escuelas de Formación del SAE, que registra un elevado nivel de inserción laboral del alumnado, del 80%, y de los cinco Centros de Referencia Nacional, cuyos planes para 2026 incluyen 144 iniciativas de investigación, experimentación e innovación. En este terreno también destaca el proyecto piloto 'AprenTIC', especializado en áreas como ciberseguridad y desarrollo web.
Relación con las empresas y atención personalizada
La consejera ha detallado que la primera prioridad de la nueva estrategia del SAE será estrechar la interlocución con el tejido productivo para conocer con precisión sus necesidades de contratación.
Con este fin, se reforzará el Plan de Prospección de Empresas, que ya ha permitido contactar con más de 1.100 compañías nuevas que no habían gestionado ofertas con el SAE y con el que se aspira a llegar a otras 6.800 en una nueva fase. Además, se pondrá en marcha un mapa dinámico de la demanda empresarial para identificar las prioridades de cualificación.
El segundo gran eje consistirá en “ofrecer una atención más personalizada y preventiva a los demandantes de empleo”, de forma que el propio SAE asuma un papel proactivo para contactar con ellos, estudiar su situación y proponerles recursos adaptados a su perfil.
En este sentido, Rocío Blanco ha puesto en valor los resultados del Plan 'T-Activamos', que ha incorporado a cerca de 128.000 personas, y ha avanzado que durante la legislatura se reforzará este modelo de acompañamiento para incrementar las posibilidades de inserción laboral.
Como tercer pilar, la consejera ha remarcado la necesidad de “avanzar hacia un SAE más digital y orientado a resultados, aprovechando las nuevas tecnologías para mejorar sus servicios y evaluar su eficacia”.
Entre las iniciativas previstas en este ámbito figura la creación de un Sistema Andaluz de Inteligencia de Empleo y Competencias, que integrará información sobre contratación, afiliación y necesidades empresariales para guiar el diseño de las políticas de empleo. Esta modernización se completará con el Plan de Formación y Competencias Profesionales del personal del SAE 2030, dotado con 1,78 millones de euros y que contempla cerca de 350 ediciones de acciones formativas.
Blanco ha situado todas estas medidas en un contexto de mejora del mercado laboral andaluz, que en el segundo trimestre de 2026 alcanzó un máximo histórico de 3.681.200 personas ocupadas, 590.900 más que al cierre de 2018, mientras la tasa de paro se redujo hasta el 14,56%, el nivel más bajo desde 2007.
Finalmente, ha insistido en que la eficacia del organismo debe valorarse “por su capacidad para transformar las necesidades de contratación de las empresas en oportunidades reales de empleo”.
Postura de los grupos parlamentarios
En el turno de intervención de los grupos, la diputada del PSOE-A Silvia Mellado ha centrado su discurso en trasladar a la consejera “problemas concretos” que le han hecho llegar “quienes buscan empleo y quienes les atienden”, y ha considerado “positivo” que se plantee un “nuevo modelo del SAE” que conecte “con miles de empresas”, aunque ha recalcado que es imprescindible “conocer los resultados” que se obtienen, además de “proteger los derechos de los demandantes” de empleo, “mejorar las condiciones del personal y dar estabilidad a los programas de orientación”.
“El éxito del SAE no puede medirse solo por las llamadas o las citas, sino por las personas que consiguen encontrar trabajo”, ha concluido la representante socialista. La diputada del PP-A Celia Santiago le ha respondido reprochando las “tasas de paro inasumibles” que registraba Andalucía cuando el PSOE dejó el Gobierno de la Junta, y, frente a ello, ha felicitado a la consejera por “la transformación que ha experimentado Andalucía desde que Juanma Moreno es presidente”.
La parlamentaria de Vox Rocío Marín ha partido de la idea de que existe “margen de mejoría” para alcanzar la excelencia y, tras sostener que “lejos quedan” las políticas de empleo socialistas para “enchufar a quien sea mientras les votasen”, ha reivindicado el acuerdo de gobierno de PP y Vox como “hoja de ruta” para mejorar el SAE. Además, ha preguntado a la consejera “si se ha iniciado ya la revisión de la situación del personal procedente de la Faffe”, o “en qué fase se encuentra el Plan de Reordenación de Recursos Humanos”.
Por su parte, la portavoz adjunta de Adelante Andalucía, Inmaculada Manzano, ha cuestionado qué modelo de SAE se está “construyendo”, y ha defendido que “una política pública de empleo tiene que tener objetivos de inserción y no sólo de activación”, subrayando también la importancia de “acompañar”. Ha reclamado “un servicio andaluz de empleo público, fuerte y cercano” que ofrezca “resultados reales”, porque “una cosa es conseguir que una persona deje de aparecer como desempleada y otra muy distinta es conseguir de verdad que deje de estarlo”.
Por último, la portavoz adjunta de Por Andalucía, Rosa Rodríguez, ha señalado que los datos de empleo en la comunidad “son buenos a pesar de PP y Vox”, y ha defendido que Andalucía “necesita un servicio público de empleo fuerte, con recursos suficientes y capacidad real para intervenir en el mercado de trabajo”. No obstante, ha expresado sus dudas sobre el papel que pueda desempeñar en este sentido el Gobierno de Juanma Moreno, y ha preguntado a la consejera “para qué sirve el SAE” en la práctica, y “qué porcentaje de las contrataciones realizadas en Andalucía se produce gracias a la intermediación efectiva” de esta agencia.