El Grupo Socialista ha registrado en el Parlamento de Andalucía una proposición no de ley (PNL) con la que pretende que la Junta “asumir de manera inmediata una posición activa en la defensa de los derechos políticos de los andaluces y andaluzas residentes en el exterior y de los descendientes del exilio que hayan adquirido la nacionalidad española al amparo de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática”, en el marco de la conocida como ‘ley de nietos’.
Según detalla el texto de la iniciativa, consultada por Europa Press tras su aparición esta semana en el Boletín Oficial del Parlamento, se trata de una propuesta “relativa a la defensa del derecho al voto de los andaluces y andaluzas en el exterior y de los descendientes del exilio”.
En su propuesta, el Grupo Socialista plantea que la Cámara autonómica inste al Ejecutivo andaluz a adoptar esa “posición activa” asumiendo “las responsabilidades de asistencia y defensa de sus derechos e intereses reconocidas en el Estatuto de Autonomía para Andalucía”.
Para ello, el PSOE-A propone que la Junta impulse, “a través de sus Servicios Jurídicos, cuantas actuaciones judiciales resulten legalmente procedentes, incluida la solicitud de personación de la Administración autonómica en los recursos contencioso-administrativos presentados ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo”.
Igualmente, la PNL reclama que el Gobierno andaluz ponga en marcha “habilitar con carácter urgente un programa extraordinario y gratuito de asistencia y defensa jurídica, que contemple el asesoramiento especializado, el apoyo documental y la financiación, mediante los instrumentos legalmente adecuados, de la defensa procesal individual o coordinada de las personas afectadas, así como la asistencia en los procedimientos de inscripción y reclamación censal y la cooperación con las autoridades electorales y consulares competentes, con el objetivo de remover los obstáculos administrativos que dificulten el ejercicio efectivo del derecho al voto”.
En la exposición de motivos se destaca que la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, “abrió nuevas vías de adquisición de la nacionalidad española para determinados descendientes del exilio y otras personas afectadas por las discriminaciones históricas de la legislación española”, y se sostiene que “este reconocimiento representa un avance en la reparación democrática y en la recuperación de los vínculos de ciudadanía que la persecución y el exilio contribuyeron a quebrar”.
En coherencia con ello, el PSOE-A reivindica que “quienes han adquirido legalmente la nacionalidad española tienen derecho a que se respeten y garanticen los derechos políticos que les correspondan conforme a la Constitución y a la legislación electoral”.
Recursos de Vox e Iustitia Europa por la ‘ley de nietos’
En este contexto, el Grupo Socialista hace referencia a los recursos contencioso-administrativos que Iustitia Europa y Vox presentaron ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo contra el Acuerdo 204/2026, de 16 de julio, de la Junta Electoral Central, relativo a la interpretación y aplicación de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática.
La iniciativa recuerda que el Alto Tribunal “estimó las medidas cautelares solicitadas por ambas formaciones, acordando la suspensión de determinadas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y de los efectos electorales de otras ya practicadas, respecto de personas que adquirieron la nacionalidad española mediante el derecho de opción previsto en el primer inciso del apartado 1 de dicha disposición adicional”.
El Grupo Socialista advierte de que “estas medidas afectan al ejercicio del sufragio en las elecciones generales” del próximo 29 de noviembre, “con las excepciones expresamente previstas para quienes acrediten mediante certificación consular las circunstancias exigidas por las resoluciones judiciales, y sin que se haya resuelto todavía el fondo de la controversia”.
Además, se recuerda que el Defensor del Pueblo presentó “un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, alegando posibles vulneraciones de los derechos fundamentales a la igualdad, a la participación política y a la tutela judicial efectiva”, y se incide en que “la controversia judicial permanece abierta y requiere que las personas afectadas dispongan de posibilidades reales de defensa ante los órganos jurisdiccionales competentes, especialmente cuando los plazos electorales pueden hacer irreparable la imposibilidad de votar en una convocatoria concreta”.
La PNL subraya que “la defensa de estos derechos presenta una dimensión especialmente significativa para Andalucía”, cuya “historia está profundamente marcada por la emigración y el exilio”, pues “miles de andaluces tuvieron que abandonar su tierra por la persecución política y la represión franquista, encontrando refugio en Francia, el norte de África y numerosos países de América Latina”.
En este punto, el texto apela al Estatuto de Autonomía para Andalucía, que “reconoce expresamente responsabilidades institucionales en esta materia”, y recuerda que “su artículo 5.2 contempla los derechos políticos de los ciudadanos españoles residentes en el extranjero cuya última vecindad administrativa estuvo en Andalucía y de sus descendientes inscritos como españoles, en los términos establecidos por la legislación estatal”.
Asimismo, la proposición no de ley indica que el artículo 6.2 “habilita” a la comunidad autónoma para “prestar asistencia” a los andaluces que viven fuera y “contribuir a garantizar el ejercicio y defensa de sus derechos e intereses”.
Para el PSOE-A, “la defensa de estos derechos no puede quedarse en una declaración institucional”, sino que “debe traducirse en actuaciones jurídicas, asistencia efectiva y recursos públicos que permitan a las personas afectadas ejercer las acciones y reclamaciones que legalmente les correspondan”.
El Grupo Socialista recalca que “el Gobierno de la Junta de Andalucía dispone de competencias e instrumentos para prestar asesoramiento jurídico, facilitar documentación, promover la cooperación con las autoridades estatales y consulares y examinar las posibilidades procesales de intervención en los procedimientos judiciales cuando exista legitimación suficiente”.
Como conclusión, la PNL sostiene que “Andalucía tiene una responsabilidad histórica con quienes fueron obligados a abandonar su tierra y con las generaciones que han mantenido viva su memoria”, y que “esa responsabilidad debe expresarse también mediante actuaciones concretas de protección jurídica, cooperación institucional y garantía de derechos”.