El presidente de CHA, Jorge Pueyo, ha defendido este jueves en el pleno de las Cortes de Aragón la necesidad de poner en marcha un Pacto por el Cercanías, el Tranvía y el Ferrocarril de Aragón que obligue a todas las formaciones políticas a respaldar ante el Gobierno de España, el Congreso y el Senado un paquete de once medidas prioritarias, con independencia de quién resulte elegido en las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026.
Durante el turno de explicación de voto en el debate de totalidad del proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2027, el portavoz parlamentario de CHA ha denunciado que “Aragón está harto de promesas ferroviarias que nunca llegan, de estudios que acaban en un cajón y de inversiones que se eternizan”.
En su intervención, ha reclamado un compromiso estable y verificable: “Exigimos hechos, plazos y presupuesto, queremos un compromiso de país, un pacto que obligue a todos a defender Aragón, desde Canfranc hasta Teruel, desde el Cercanías hasta el tranvía pasando por el tren de proximidad y el ferrocarril convencional”.
El texto del pacto plantea culminar el Corredor Cantábrico-Mediterráneo con altas prestaciones y doble vía electrificada para pasajeros y mercancías, sacar a licitación las obras de los tramos Zaragoza-Teruel y Zaragoza-Castejón y sustituir el estudio informativo Teruel-Sagunto por uno nuevo que garantice una infraestructura actualizada.
Asimismo, propone fijar un calendario para la reapertura total de la línea convencional Zaragoza-Teruel-Sagunto, su electrificación, la puesta en marcha de dos trenes diarios por sentido entre Teruel y Madrid, una variante ferroviaria de mercancías conectada con PLATEA y el aeropuerto, y una estación intermodal en Teruel.
En cuanto a la movilidad de proximidad, CHA defiende la ampliación de la línea C1 de Cercanías de Zaragoza, la mejora de estaciones, frecuencias, horarios y material móvil, la creación de una línea de Cercanías hasta Huesca y la aprobación de un Plan de Cercanías de Aragón que articule los principales núcleos de población.
Obligaciones de servicio público y tranvía
El documento reclama también un convenio entre el Ministerio de Transportes, Renfe y el Gobierno de Aragón para intervenir en la gestión y decisiones del sistema, la incorporación de todos los servicios aragoneses a las Obligaciones de Servicio Público, la mejora de los accesos ferroviarios a PLAZA y la ejecución de la Ronda Sur Ferroviaria de Zaragoza en ancho mixto.
Entre las actuaciones recogidas figura completar y hacer público el estudio del túnel ferroviario de Goya y llevar a cabo la alternativa que permita aumentar la capacidad y las frecuencias de los trenes de alta velocidad, regionales y cercanías. En relación con el tranvía de Zaragoza, se plantea una cofinanciación estatal mínima del 30% para las nuevas líneas y la ampliación de la línea 1, incluyendo su prolongación hasta el aeropuerto, PLAZA y los nuevos desarrollos urbanísticos.
Línea internacional de Canfranc y tren convencional
El pacto contempla igualmente la reapertura de la línea internacional de Canfranc, con un compromiso claro del Gobierno francés, las inversiones imprescindibles, la implantación del ancho europeo entre Huesca y Canfranc y la mejora de frecuencias, horarios y trenes en el trayecto Zaragoza-Huesca-Canfranc.
Además, se exige mantener todas las líneas, estaciones y taquillas en Aragón; aprobar un Plan de Modernización del Tren Convencional hasta 2035 con financiación plurianual; recuperar y reforzar los servicios de todas las líneas convencionales; encargar una auditoría independiente y pública sobre el estado y mantenimiento de la red, y desplegar un plan de inversiones en seguridad.
El texto incluye también un incremento del empleo ferroviario repartido por el territorio aragonés y la gratuidad de los desplazamientos en transporte público para residentes en el medio rural, de lunes a viernes, cuando deban acudir a hospitales, centros educativos o administrativos.
CHA quiere que este acuerdo tenga efectos prácticos: las fuerzas políticas que lo suscriban deberán defender los once puntos en las Cortes Generales y apoyar con su voto las iniciativas que los desarrollen.
Asimismo, se propone constituir, tras el 29 de noviembre, una mesa permanente de seguimiento integrada por los representantes aragoneses en Madrid, con la obligación de rendir cuentas de forma pública a los cien días y, posteriormente, una vez cada año de legislatura.