El portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha intervenido este viernes en el pleno de las Cortes de Aragón para interpelar al consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno autonómico, Luis Biendicho (Vox), acerca de las medidas que prevé adoptar el Ejecutivo para esclarecer las posibles responsabilidades administrativas en el llamado caso Forestalia dentro del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA). En su intervención, ha reclamado “actuaciones administrativas claras”.
Guitarte ha recordado que existe una investigación judicial abierta sobre presuntas irregularidades en la tramitación de permisos ambientales relacionados con proyectos de energías renovables, en las que se investiga el papel desempeñado por el INAGA y por la empresa Forestalia.
Según ha expuesto, en el sumario judicial se recogen posibles prácticas irregulares, entre ellas la manipulación de evaluaciones ambientales, presiones sobre el personal técnico, modificaciones forzadas de criterios y eventuales cambios de puesto de trabajo de funcionarios que se habrían opuesto a la aprobación de determinados proyectos.
En esta línea, ha solicitado que, al margen del procedimiento judicial, el Gobierno de Aragón ponga en marcha una revisión administrativa interna que permita aclarar lo ocurrido y determinar cuántos expedientes se han visto afectados. “Usted tiene la obligación de averiguar qué sucedió en el INAGA”, ha subrayado Guitarte, insistiendo en la conveniencia de depurar posibles responsabilidades administrativas de forma paralela a la causa judicial, pero sin interferir en ella.
Además, ha señalado que la ciudadanía aragonesa “está denunciando lo que aparece en el sumario” y ha instado al Ejecutivo autonómico a asumir sus obligaciones en materia de gestión pública, sin intentar esquivar su papel en el esclarecimiento de los hechos.
Por otro lado, el consejero de Medio Ambiente y Turismo ha sostenido que las responsabilidades pueden tener distinta naturaleza y ha aludido al informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Aragón correspondiente al periodo 2019-2023. Dicho documento apunta a problemas estructurales en el funcionamiento del INAGA, como la escasez de personal y la externalización de algunos procedimientos, factores que habrían debilitado los controles sobre posibles conflictos de interés.
Desde Aragón-Teruel Existe han reiterado que, con independencia de lo que determinen los informes y la investigación judicial en marcha, resulta esencial una respuesta administrativa transparente que aclare las posibles responsabilidades y refuerce los mecanismos de control y de objetividad en la tramitación de los expedientes ambientales.