Las Cortes de Aragón han dado luz verde este jueves, en el pleno, a una proposición no de ley presentada por Vox para mostrar su rechazo al acuerdo comercial con Mercosur y reforzar la defensa del campo español.
El texto original incorporaba una enmienda de A-TE —finalmente descartada— y tres del PP, que sí han sido incorporadas. La propuesta ha prosperado con el apoyo de PP y Vox, la abstención de IU y el voto contrario del resto de grupos de la cámara.
Mediante esta resolución, el Parlamento aragonés se opone al acuerdo con Mercosur “en tanto en cuanto no garantice la igualdad de condiciones frente a los productores españoles. De igual modo, exigir un informe de impacto económico y social del acuerdo comercial en el sector primario español y europeo”.
Las Cortes reclaman al Gobierno central “paralizar de forma inmediata la aplicación provisional de Mercosur a partir del 1 de mayo y proceder a la creación de un fondo de compensación destinado a mitigar el impacto de normativas que pudieran resultar gravosas para los sectores productivos, con el objetivo de protegerles frente a medidas que puedan resultar desproporcionadas y garantizar su viabilidad y competitividad”.
El acuerdo parlamentario incluye también el rechazo “frontalmente” al Pacto Verde Europeo “ante las graves consecuencias que está teniendo para la economía española, en especial para nuestro sector primario. De igual modo, promover la derogación de todas las políticas inspiradas en el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030, especialmente la Estrategia de la Granja a la Mesa y la Estrategia por la Biodiversidad. Así como realizar un estudio para analizar el impacto económico y social negativo que las políticas derivadas del Pacto Verde Europeo y de la Agenda 2030 han tenido en España”.
El texto reclama “una PAC que no contenga recortes presupuestarios, que no priorice los requisitos medioambientales sobre los económicos y productivos y que no dilapide su autonomía política y presupuestaria mediante su inclusión en un Fondo Común”.
Asimismo, la institución defiende “una verdadera conservación del medio natural y del paisaje que conviva con el apoyo y el respeto a la actividad de nuestro sector primario. De igual modo promover un marco legal especifico que proteja nuestros suelos agrícolas y patrimonio de la expansión indiscriminada de energías alternativas”.
Otra de las medidas planteadas es “impulsar la creación de fondo de compensación frente a normativas comunitarias gravosas destinado a mitigar el impacto de normativas que pudieran resultar perjudiciales para los sectores productivos, con el objeto de protegerles frente a medidas que puedan resultar desproporcionadas para garantizar su viabilidad y competitividad”.
La cámara autonómica propone además “aplicar de forma inmediata el principio de declaración responsable en todos aquellos procedimientos administrativos vinculados al medio rural en los que sea legalmente posible, con el objetivo de simplificar trámites, reducir cargas burocráticas y agilizar la actividad económica en el entorno rural”.
También se insta al Ejecutivo a “exigir en las instancias europeas la recuperación y aplicación del principio de preferencia comunitaria y reciprocidad como principios jurídicos de alcance general en todos los acuerdos comerciales con el fin de garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria. A tal fin, se deberá garantizar el principio de reciprocidad a través de la inclusión de cláusulas espejo en todos los productos agrícolas, ganaderos y pesqueros importados a la UE”.
Del mismo modo, se demanda “revisar con carácter urgente las transferencias de fondos públicos españoles destinados a financiar proyectos agroalimentarios en Marruecos y cualquier país extracomunitario que le haga competencia desleal a España, así como exigir la suspensión de los fondos destinados a financiar su sector agrícola”.
La iniciativa añade que se debe “reforzar los mecanismos de control a tal fin y a garantizar la aplicación efectiva del principio de reciprocidad y el cumplimiento de los estándares equivalentes en materia fitosanitaria, laboral, medioambiental y de trazabilidad para los productos importados”.
Finalmente, el Parlamento reclama “revisar de forma inmediata el Acuerdo Agrícola entre Marruecos y la UE, debido al enorme perjuicio económico que dicho acuerdo causa a la producción agroalimentaria española y comunitaria y reforzar los mecanismos de control sobre las ayudas, inversiones y programas de cooperación destinados al sector agroalimentario en terceros países. De igual modo, exigir un informe de impacto económico y social del acuerdo comercial en el sector primario español y europeo”.
Posicionamiento de los grupos
El portavoz de Vox, Santiago Morón, ha sido el encargado de defender la propuesta, alertando de que están “en peligro” la salud y la soberanía alimentaria y rechazando “depender de la llegada de alimentos en contenedores trasladados desde miles de kilómetros que deben contaminar menos que el tractor de Paco”.
La diputada de Aragón-Teruel Existe, Pilar Buj, ha rechazado de forma “absoluta” el tratado con Mercosur, al que ha calificado como “una amenaza a las pequeñas explotaciones” por establecer “una competencia desleal”, y ha reclamado “la igualdad de condiciones para los productores aragoneses”.
Entre sus peticiones, ha planteado evaluar el impacto del acuerdo en Aragón, reforzar las inspecciones de los productos importados, poner en marcha una campaña informativa sobre los posibles riesgos para la salud de los alimentos procedentes de Mercosur y reducir la carga burocrática de los agricultores profesionales.
Desde el PP, María José Vicente ha acusado al PSOE de dar por válido “cualquier acuerdo comercial sin garantías suficientes” y ha alertado sobre la “competencia desleal”, reclamando “reciprocidad y salvaguardas”.
Por parte de IU, Marta Abengochea ha criticado que la propuesta “está plagada de incoherencias, falsas premisas e intenciones ocultas” y ha sostenido que PP y Vox “nunca han defendido a los agricultores” porque, a su juicio, para ellos el campo español “son los fondos de inversión” mientras la agricultura familiar “languidece”.
En nombre de CHA, Miguel Jaime ha mostrado su oposición al acuerdo con Mercosur por suponer una “competencia desleal” para el campo aragonés, “una sentencia de muerte” para la agricultura familiar, aunque ha subrayado que “el enemigo de la huerta y el secano aragonés es la crisis climática”.
El diputado del PSOE Óscar Galeano ha denunciado que el PP de Azcón “vuelve a romper los consensos que venía manteniendo hasta ayer” al decidir cambiar este acuerdo por “los sillones del Pignatelli”.