La siderúrgica basca presenta concurs de creditors, sepultada per un deute acumulat de 263 milions i colpejada pels aranzels dels Estats Units, el seu principal mercat. En plena crisi energètica i en un procés de transformació i supervivència, la indústria torna a ser a l'ull de l'huracà
1 minut
fotonoticia 20260422131813 1920
Para solicitar un concurso de acreedores en España, la legislación vigente exige que el deudor se encuentre en situación de insolvencia actual o inminente, y establece procedimientos diferenciados según sea el propio deudor (concurso voluntario) o un acreedor (concurso necesario) quien lo solicite. El proceso se inicia ante el Juzgado de lo Mercantil competente y requiere la presentación de documentación exhaustiva sobre la situación económica del deudor. El procedimiento consta de varias fases: declaración del concurso, fase común (determinación de masa activa y pasiva), y, según el caso, fase de convenio o de liquidación.
El concurso voluntario lo solicita el propio deudor cuando prevé o sufre insolvencia, debiendo hacerlo en un plazo máximo de dos meses desde que conoce su situación. El concurso necesario lo puede solicitar un acreedor cuando el deudor no cumple regularmente sus obligaciones, debiendo acreditar la existencia de un crédito cierto, vencido y exigible, así como la insolvencia del deudor.
La solicitud debe ir acompañada de:
Tras la presentación, el juez examina la solicitud y, si procede, dicta auto de declaración de concurso y nombra un administrador concursal. Se abre la fase común, donde se determina el inventario y la lista de acreedores. Posteriormente, se puede abrir una fase de convenio (acuerdo de pago) o de liquidación (venta ordenada de activos). Los acreedores deben comunicar sus créditos en el plazo de un mes desde la publicación del auto de declaración de concurso.
El deudor debe solicitar el concurso en el plazo legal, colaborar con el juzgado y la administración concursal, y facilitar toda la documentación requerida. Los acreedores deben presentar sus créditos en plazo y abstenerse de iniciar ejecuciones individuales desde la declaración del concurso.
La declaración de concurso implica la suspensión de ejecuciones individuales, la intervención o administración judicial de la empresa y la igualdad de trato entre acreedores. El incumplimiento de los plazos o la ocultación de información puede acarrear responsabilidad para el deudor o sus administradores.
No se dispone de enlaces directos a normativa o fuentes parlamentarias en la información consultada, pero el procedimiento está regulado en el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC), aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tiene competencias clave en el rescate y apoyo financiero a empresas industriales estratégicas en España, principalmente a través de la gestión de participaciones estatales y del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). Estas competencias están reguladas por la Ley 5/1996 y el Real Decreto-ley 25/2020, así como por normativa complementaria. La SEPI actúa como instrumento del Estado para intervenir en situaciones de crisis empresarial, facilitando recursos financieros y participaciones que permitan la viabilidad de empresas consideradas estratégicas para la economía nacional.
La SEPI gestiona las participaciones del Estado en empresas estratégicas y puede intervenir financieramente en ellas para defender el interés público y optimizar la rentabilidad de los activos estatales (Ley 5/1996, arts. 1-4). Sus competencias incluyen:
Estas competencias se aplican principalmente a las empresas del grupo SEPI (como Navantia o Correos), no a rescates universales de cualquier empresa industrial.
El FASEE fue creado por el Real Decreto-ley 25/2020 y regulado por la Orden PCM/679/2020. Dotado inicialmente con 10.000 millones de euros, está gestionado por la SEPI y dirigido a empresas no financieras estratégicas afectadas por crisis como la COVID-19. Las competencias de la SEPI en este fondo incluyen:
El apoyo puede materializarse en entrada temporal en el capital, préstamos o garantías, siempre bajo condiciones estrictas y con supervisión estatal. Ejemplos recientes incluyen rescates a compañías como Air Europa y Tubos Reunidos (ver detalle).
La SEPI también puede colaborar con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para ofrecer avales y líneas de crédito a empresas industriales, especialmente en situaciones de crisis sectorial o internacional. Además, coordina su actuación con fondos europeos y con el Ministerio de Industria y el Consejo de Ministros, asegurando el alineamiento con la estrategia industrial nacional y la normativa de la UE (más información).
La SEPI está obligada a remitir informes periódicos a las Cortes Generales sobre su gestión y las operaciones de rescate realizadas, reforzando el control público sobre sus actuaciones (Real Decreto-ley 15/1997).
En conclusión, la SEPI tiene competencias para analizar, aprobar y supervisar rescates a empresas industriales estratégicas mediante la gestión de participaciones, concesión de préstamos y administración del FASEE, siempre bajo estricta regulación y control estatal. Su actuación está limitada a empresas consideradas estratégicas y se realiza conforme a la legislación vigente y directrices europeas.
Para más detalles sobre la operativa y normativa aplicable, se recomienda consultar los textos legales y la información oficial de la SEPI:
Ante la subida de aranceles en Estados Unidos, diversas industrias europeas han respondido con una combinación de estrategias: desde la búsqueda de nuevos mercados alternativos, la relocalización parcial de la producción, hasta la presión política a la Unión Europea para negociar acuerdos comerciales o imponer contramedidas. Estas respuestas buscan mitigar el impacto económico y mantener la competitividad internacional.
Muchas industrias europeas, especialmente las afectadas por aranceles estadounidenses (como la automoción, el acero o el sector agroalimentario), han intensificado sus esfuerzos para diversificar sus exportaciones hacia Asia, América Latina y África. Esta estrategia busca reducir la dependencia del mercado estadounidense y compensar la pérdida de cuota de mercado.
Algunas empresas han optado por trasladar parte de su producción a Estados Unidos o a terceros países para evitar los aranceles. Este fenómeno se ha observado en sectores como el automovilístico y el de bienes de consumo, donde la fabricación local permite eludir las barreras arancelarias.
Las patronales y asociaciones sectoriales han presionado a la Comisión Europea y a los gobiernos nacionales para que negocien con Estados Unidos la reducción o eliminación de aranceles. En algunos casos, la UE ha respondido con la imposición de aranceles de represalia o la apertura de procedimientos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Algunas industrias han apostado por la innovación, la mejora de la calidad y la diferenciación de sus productos para justificar precios más altos y mantener su atractivo en el mercado estadounidense, a pesar de los aranceles.
En el caso del acero y el aluminio, la UE impuso aranceles de represalia a productos estadounidenses tras la subida de aranceles por parte de EE.UU. En el sector agroalimentario, como el vino o el queso, se han buscado nuevos mercados y se han intensificado campañas de promoción en Asia y Oriente Medio.
No se dispone de más información en las fuentes consultadas sobre medidas específicas adoptadas por industrias concretas en España o sobre iniciativas legislativas nacionales relacionadas con este asunto.
Juga
Quant en saps sobre aquest tema? Respon les següents 3 preguntes.