La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, defendió este martes la actuación y los protocolos implantados por el Ejecutivo autonómico en los centros de menores migrantes a raíz del 'caso Quórum', mientras que el Grupo Socialista le recriminó una actuación poco diligente.
Durante la sesión de control del Pleno del Parlamento, la consejera destacó la “suficiencia” de las explicaciones ofrecidas, “no solo ahora con el sumario sino desde que se produjeron los hechos en 2024”, remarcando que se pusieron en marcha protocolos que antes no existían, elaborados junto a la agencia europea de asilo.
En su réplica a la diputada socialista Elena Máñez, Delgado señaló que “Me hace gracia que me pregunte por esto, ustedes ni pusieron protocolos en marcha”, y recalcó que se constituyeron equipos específicos, se reforzó la plantilla con 30 trabajadores y se remitieron a la Fiscalía los vídeos que habían sido recibidos.
La consejera añadió que se exigió a la entidad gestora que apartara y despidiera a los trabajadores presuntamente implicados en los malos tratos, se procedió al cierre de determinados centros y el Gobierno se ha personado en la causa judicial abierta.
Asimismo, subrayó que se ha “atendido en solitario” a los menores hasta que el Tribunal Supremo “hizo intervenir al Estado y ahora el Ayuntamiento de Arucas, gobernado por el PSOE, quiere el cierre de centros de menores de niñas.
Por su parte, Máñez reclamó a la consejera “más explicaciones y menos excusas”, recordando que el caso se destapó a raíz de una denuncia trasladada a la Fiscalía y no por la activación de los protocolos internos, y apuntó que un exjefe de servicio describió la situación como “caos” y denunció la falta de personal.
La diputada socialista incidió en que ya se han clausurado dos centros, lo que a su juicio evidencia que “los protocolos no estaban funcionando”, y sostuvo que Delgado “tenía que haber sido más proactiva y más vigilante”, dado que, con los centros “saturados”, se debería haber reforzado la atención en lugar de justificar que el problema se limitaba a “unas malas personas trabajando en centros”.
Máñez reprochó a la consejera que “no fue diligente” pese a tener a menores bajo la tutela de la comunidad autónoma, y calificó de “indignante” las situaciones que estos menores habrían tenido que soportar en las instalaciones afectadas.