El Pleno del Parlamento de Cantabria ha acordado este lunes, con el respaldo de todos los grupos y del diputado no adscrito Cristóbal Palacio, comenzar la tramitación de la proposición de ley con la que se pretende dotar a la comunidad autónoma de una nueva normativa de Patrimonio Cultural.
Aunque Vox ha votado a favor de la toma en consideración —un paso que impide registrar enmiendas a la totalidad—, ha avisado de que el articulado tiene “un marcado perfil ideológico sibilino” y “abre la puerta a peligros importantes”.
La iniciativa, presentada por PP y PRC, persigue entre sus fines rebajar cargas burocráticas, avanzar en la digitalización de los registros y elevar la inversión mínima del presupuesto de Obras Públicas hasta el 2% del total, sumando además un 1% adicional orientado específicamente a la rehabilitación paisajística y cultural, según explicaron los proponentes al registrar el texto.
El proyecto incorpora nuevas figuras de protección y amplía el concepto de patrimonio cultural, que pasa a incluir, además de los bienes materiales, el patrimonio inmaterial, digital, industrial y paisajístico.
Entre los cambios más relevantes, además de esas nuevas categorías, se prevé la creación de un Registro General del Patrimonio Cultural interconectado, la regulación concreta de patrimonios emergentes —como el científico, tecnológico y audiovisual— y la puesta en marcha de instrumentos de planificación estratégica, entre ellos el Plan del Patrimonio Cultural de Cantabria.
Los grupos impulsores han reiterado su disposición a introducir cambios que contribuyan a perfeccionar la norma y a alcanzar un texto que “sea de todos y para todos”.
La ley proyectada reemplazará a la actual regulación, en vigor desde 1998 y que, como han admitido todas las formaciones, se ha quedado “obsoleta”.
Varios portavoces han recordado que la ley vigente ha sido una norma “buena”, pero han recalcado que resulta imprescindible su actualización.
El diputado del PP Miguel Ángel Vargas ha incidido en que la finalidad es proporcionar a Cantabria una legislación “del siglo XXI” para “seguir protegiendo lo nuestro” y que sea “acorde y dé respuesta a las necesidades actuales”.
En la misma línea, la regionalista Paula Fernández ha celebrado que con la toma en consideración arranque la tramitación de una “ley necesaria, moderna y ambiciosa”, “pensada para la Cantabria de hoy y para la Cantabria de mañana”, y ha puesto en valor la aportación al texto de Javier López Marcano, fallecido el pasado 2 de abril.
Críticas de Vox a un texto “ideológico”
La formación que ha mostrado una postura más dura frente a la propuesta de populares y regionalistas ha sido Vox, que se ha comprometido a “levantar alfombras” sobre los “peligros” que, a su juicio, encierra el proyecto.
Según ha señalado su portavoz, Leticia Díaz, el texto elaborado por PP y PRC “confunde protección con intervencionismo administrativo”.
Ha reprochado que “amplía sin límites el concepto de patrimonio; crea nuevos órganos y estructuras; incrementa la capacidad de control sobre propietarios y ayuntamientos hasta el límite, y deja numerosos aspectos esenciales para el desarrollo reglamentario”.
Además, sostiene que la proposición “no nace exclusivamente de una urgencia cultural” sino que responde a la “conveniencia y el peaje político” que el PP debe asumir por el acuerdo presupuestario con el PRC.
“Es el precio del Gobierno en minoría para mantener el sillón, entregando las llaves de la regulación de nuestra identidad a aquellos que han hecho del particularismo su modus vivendi”, ha afeado Díaz, que ha avisado de que su grupo va a “desarmar cada trampa ideológica, chiringuito camuflado y cada agresión al derecho de propiedad” que “se ha colado” en esta proposición de ley.
Desde el PP han rechazado haber entregado “nada”, recordando que el patrimonio “es de los cántabros”, y han lamentado que Vox, a la vista de sus manifestaciones, se “autoexcluya” de contribuir a mejorar el articulado.
El PSOE, por su parte, ha coincidido en la conveniencia de que Cantabria disponga de una nueva ley, al entender que “el patrimonio cultural del siglo XXI ya no puede abordarse con las categorías del siglo XX”.
Ha recalcado que respaldar la tramitación “no significa renunciar al debate” y ha apuntado que el texto contiene cuestiones “complejas y sensibles” que “necesitan ser mejoradas y consensuadas”. “Un ley de patrimonio no puede hacerse desde la imposición. Tiene que construirse siempre desde el acuerdo”, ha defendido el socialista Jorge Gutiérrez, que ha asegurado que su grupo encara el proceso con “espíritu crítico, voluntad de mejora, exigencia” y con “sentido institucional”.
Ha expresado su deseo de que este “importante” procedimiento se aborde “no como una batalla partidista más” sino como un “verdadero debate de región” sobre el modelo de patrimonio que se quiere para las próximas décadas.
Desde las filas socialistas han apostado por un modelo “moderno, garantista, participativo y equilibrado”, que “proteja sin asfixiar, que conserve sin paralizar, que escuche a los municipios, que respete a los profesionales, que incorpore innovación y tecnología y que entienda el patrimonio como una herramienta de cohesión social y territorial”.
Tras superar el trámite de toma en consideración, la Mesa del Parlamento remitirá el texto a la comisión competente, que abrirá un periodo para que los grupos soliciten las comparecencias de personas y entidades que consideren oportunas a fin de pronunciarse sobre el contenido. Posteriormente se habilitará el plazo para registrar enmiendas parciales al articulado.