El Grupo Parlamentario Regionalista ha adelantado que rechazará con su voto la Ley de Autoridad Docente promovida por PP y Vox en el Pleno del Parlamento de este lunes, al entender que “no ofrece garantías suficientes para prevenir los conflictos escolares, proteger a las víctimas de acoso y asegurar el respaldo que el profesorado necesita de la Administración”.
Así lo ha señalado en una nota de prensa la diputada y portavoz de Educación del PRC, Teresa Noceda, quien ha advertido de que esta normativa “no resolverá los problemas de convivencia”.
Noceda ha criticado que el Gobierno de Cantabria (PP) pretenda reforzar la autoridad de los docentes sin fijar compromisos claros de prevención, atención y seguimiento de los conflictos que se producen en los centros educativos.
En su opinión, “una ley destinada a mejorar la convivencia escolar no puede conformarse con reconocer la autoridad del profesorado y ordenar las consecuencias de los conflictos sin establecer cómo prevenirlos, cómo acompañar a quienes los padecen y cuáles son las responsabilidades concretas que debe asumir la Administración”.
La parlamentaria ha recordado que las 34 enmiendas parciales registradas por el PRC, tras el rechazo de PP y Vox a su enmienda a la totalidad con texto alternativo, “pretendían evitar esas carencias”, mediante una regulación “integral” de la convivencia escolar, la protección del profesorado y la responsabilidad compartida de toda la comunidad educativa.
Sin embargo, ha lamentado que “nos hemos topado con el rodillo de la derecha”, al quedar fuera de la ley las principales propuestas regionalistas.
Críticas al contenido de la ley y a los acuerdos PP-Vox
Entre las iniciativas defendidas por el PRC se incluían la puesta en marcha de un Plan de Convivencia Escolar y otro de Apoyo y Protección del Ejercicio de la Función Docente, así como asistencia jurídica y psicológica al profesorado, protocolos homogéneos de actuación ante agresiones y casos de acoso, formación continua y herramientas de evaluación.
Los regionalistas también planteaban reforzar la detección precoz del acoso y el ciberacoso, la protección inmediata de las víctimas, una mayor implicación de las familias y un seguimiento exhaustivo de los expedientes para impedir su repetición.
En este punto, Noceda ha censurado que el PP haya decidido dejar para un desarrollo reglamentario posterior medidas que, a su juicio, deberían quedar recogidas de forma expresa en la propia ley.
Ha advertido de que “el reglamento debe desarrollar las obligaciones legales, no puede sustituirlas ni dejar su cumplimiento a la voluntad del Gobierno”.
Asimismo, ha cuestionado el pacto alcanzado por PP y Vox en materia de sanciones, mediación y conductas en el entorno digital, al considerar que “no resuelve las principales carencias de la ley”.
Según ha indicado, “ampliar de cuatro a cinco días determinadas medidas provisionales o tipificar nuevas conductas relacionadas con el uso de las tecnologías no garantiza por sí solo una mejora de la convivencia, al igual que sancionar tampoco asegura por sí solo que el daño no vuelva a producirse”.
Reclamo de más recursos y prevención
Noceda ha reiterado que la autoridad del profesorado “debe estar respaldada con recursos, prevención y respaldo institucional, sin descargar exclusivamente sobre los docentes la responsabilidad de resolver los problemas de convivencia escolar”.
En este sentido, ha advertido de que “dejar solos a los docentes ante los problemas no es reconocer su autoridad”, y ha incidido en que la convivencia en los centros “tampoco se garantiza únicamente con sanciones”.
Por ello, ha mostrado su pesar por la negativa de PP y Vox a incorporar las garantías planteadas por el PRC en la tramitación parlamentaria de la Ley de Autoridad Docente.