Las Cortes de Castilla-La Mancha han dado luz verde a una Proposición No de Ley del PSOE que insta al Ejecutivo autonómico a requerir al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico que incorpore “de forma inmediata las seis sentencias del Tribunal Supremo a la normativa que regula la cuenca del Tajo y las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura”.
La votación de esta iniciativa parlamentaria coincide este jueves con la resolución del Tribunal Supremo, que ha rechazado el recurso contencioso-administrativo presentado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) contra la revisión del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, aprobada mediante el Real Decreto 35/2023.
Con la mayoría absoluta del grupo socialista, la PNL ha salido adelante, mientras que el PP ha optado por la abstención y Vox ha votado en contra. El texto también llama a todas las formaciones representadas en las Cortes regionales a respaldar de forma conjunta la defensa de los intereses hídricos de Castilla-La Mancha.
Desde el PSOE se manifiesta el respaldo al nuevo planteamiento de la política hidrológica de los planes de cuenca, que supone modificar las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura con el objetivo de garantizar el caudal ecológico del Tajo, elevar el caudal a su paso por Aranjuez y Talavera de la Reina, incrementar el volumen límite de existencias conjuntas en los embalses de Entrepeñas y Buendía y reducir los volúmenes de agua trasvasada.
PSOE: ES “UN DÍA HISTÓRICO”
El diputado socialista Ángel Tomás Godoy ha definido como “histórico” este día para Castilla-La Mancha, y ha puesto en valor el esfuerzo “no solo del Gobierno de Emiliano García-Page, de toda la sociedad civil de Castilla-La Mancha y de toda la ciudadanía”.
Para el parlamentario del PSOE “es absolutamente inaudito” que PP y Vox “ni siquiera se alegren de una sentencia de beneficio a esta tierra”.
“Esta sentencia viene porque hemos puesto recursos. Ustedes --el PP-- no pusieron ni un solo recurso contra la acción del Gobierno central, ni uno solo”, ha señalado Godoy en el Pleno.
Por este motivo, ha reclamado al PP que pidan “fuerte y claro” al Levante y a Murcia que Castilla-La Mancha “necesita agua”, subrayando que esta resolución judicial “no es una guerra política, sino el cumplimiento de la ley”.
“ENORME ALCANCE” DE LA SENTENCIA
La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha remarcado que “es una sentencia que emite una doctrina de enorme alcance, no solo técnico, sino también político”.
“Nos permite y avala al Gobierno de Castilla-La Mancha precisamente en lo que viene defendiendo desde los últimos años. Era realmente una situación que estaba dilapidando la oportunidad que tenía el territorio de Castilla-La Mancha para defender sus intereses”, ha afirmado la consejera.
PP PIDE REACTIVAR PACTO REGIONAL
El diputado del PP Santiago Lucas-Torres ha considerado positivo que se ganen sentencias y que se ejecuten, pero ha criticado que, pese a los pronunciamientos judiciales, el agua continúe pasando por Aranjuez y Talavera de la Reina y que después “la utilicen los regantes de Portugal”, lamentando que “en Castilla-La Mancha los agricultores no puedan regar”.
Lucas-Torres ha reclamado que se “reactive de verdad” el Pacto Regional por el Agua, “un pacto firmado por decenas de entidades, por organizaciones agrarias y por colectivos” de la comunidad autónoma que, según ha denunciado, sigue “guardado en un cajón”.
VOX PIDE ORDENAR EL DEBATE
El diputado de Vox Francisco José Cobo ha instado a “ordenar bien este debate” al considerar que se están “mezclando conceptos técnicos, jurídicos y políticos”.
Tras recordar que Castilla-La Mancha dispone de “una capacidad de embalsamiento de más de 6.900 hectómetros cúbicos”, pero sufre “problemas y restricciones año tras año”, ha defendido la necesidad de “almacenar, saber regular e interconectar para poder absorber esos desequilibrios”.
“El problema no solo es que falten presas o que sobre agua en unos sitios y falte en otros. El problema es que el sistema no está concebido como un conjunto integrado capaz de adaptarse a la variabilidad del recurso”, ha expuesto el representante de Vox.