El vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha señalado que el Ejecutivo autonómico tiene intención de “explorar todas las opciones” que contempla la Ley de Extranjería con el fin de avanzar en la repatriación de los menores extranjeros no acompañados, siempre dentro del marco competencial de la Comunidad.
Durante su intervención de réplica a los grupos parlamentarios en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, el consejero ha defendido la utilización de dicha normativa para impulsar la firma de convenios de colaboración con los países de origen y con sus embajadas.
En su opinión, el “interés superior del menor” pasa por que estos jóvenes puedan permanecer en su entorno de procedencia, junto a sus familias.
El responsable autonómico ha exigido al Gobierno de España que asuma la “totalidad de sus competencias” antes de proceder al reparto de estos menores entre las distintas comunidades autónomas, mediante la tramitación de expedientes individualizados y el contacto directo con sus familias en los países de origen.
Al mismo tiempo, ha reiterado su apuesta por un modelo de inmigración “legal” y “ordenada” que garantice el respeto estricto a la legislación vigente.
Respecto al denominado “principio de prioridad nacional”, el vicepresidente primero ha precisado que este criterio no contará con una partida presupuestaria específica, debido a la imposibilidad técnica de articularlo como tal, aunque funcionará como referencia en el diseño de las bases reguladoras de las ayudas sociales, las subvenciones al alquiler y el acceso a la vivienda pública.
En esta línea, Pollán ha avanzado que los baremos de las próximas convocatorias incorporarán factores como el tiempo de empadronamiento y el arraigo, además de prever la valoración de las solicitudes de personas empadronadas en otros territorios del Estado. Según ha explicado, esta orientación busca “fijar la población local y facilitar el desarrollo de proyectos vitales y profesionales en el territorio autonómico”.