El Parlament de Catalunya ha dado este jueves un nuevo paso en la tramitación del proyecto de ley de ocupación pública catalana, después de tumbar las enmiendas a la totalidad registradas por Vox y la CUP.
El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha defendido en el hemiciclo una propuesta que busca actualizar y modernizar un marco legal común de la ocupación pública que abarque al conjunto de las administraciones públicas catalanas --Generalitat, entes locales y universidades--, respetando en todo momento sus ámbitos de autonomía.
“Es una apuesta para transformar la administración del país. Afecta a unos 400.000 trabajadores públicas, será de aplicación en la Generalitat y su sector público, a los 947 ayuntamientos del país y a las 7 universidades públicas”, ha especificado.
Según Dalmau, la administración debe avanzar al mismo ritmo que la sociedad a la que presta servicio y, por ello, considera imprescindible revisar “un marco jurídico que tiene casi 30 años, fragmentado, con instrumentos jurídicos rígidos y con carencias evidentes en la planificación de recursos humanos”.
El texto plantea configurar una estructura “más flexible, ágil y profesionalizada” mediante el rediseño de las políticas de selección, con el objetivo de reforzar la profesionalidad de los empleados públicos, captar nuevo talento y favorecer el relevo generacional en las plantillas.
Asimismo, incorpora herramientas para facilitar la movilidad del personal entre administraciones, establece un sistema de promoción horizontal ligado a la trayectoria y al desempeño de los trabajadores, e incorpora un modelo de evaluación del rendimiento asociado al cobro de un complemento específico.
El proyecto también contempla la provisión extraordinaria de plazas para responder a necesidades coyunturales, refuerza el papel de la Escola d'Administració Pública de Catalunya e incorpora medidas concretas dirigidas a personas con discapacidad, a la igualdad de género y a la lucha contra el acoso, además de prever mecanismos de protección para los denunciantes de irregularidades y reforzar el régimen de integridad pública.