La Asamblea de Madrid ha sacado adelante, con el respaldo de PP y Vox, la nueva Ley de la Abogacía de la Comunidad de Madrid, una norma que pretende actualizar la organización y el funcionamiento de los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico.
El Pleno ha otorgado “luz verde” al dictamen de la Comisión de Presidencia, Justicia y Administración Local sobre esta ley que, como cambio destacado, fija que el Abogado General deberá integrarse en un cuerpo de letrados de las administraciones públicas, preferentemente de la Comunidad de Madrid, y acreditar al menos diez años de trayectoria profesional.
El texto también persigue reforzar la estructura interna de este órgano, separando de forma clara las tareas de asesoramiento jurídico de las de representación y defensa de los intereses públicos ante los tribunales. Para ello se crean las Direcciones de Asesoramiento Jurídico y de Litigios, que asumirán estas funciones diferenciadas.
En defensa de la iniciativa ha intervenido el diputado del PP José Virgilio, quien ha señalado que, frente a una izquierda que querría tener “un cuerpo de letrados politizado”, este proyecto normativo busca fortalecer la Abogacía General de la Comunidad y ofrecer mayor seguridad a los letrados autonómicos, adaptando su labor a 2026.
Ha recordado que desde 1999 “ha aumentado mucho” el número de funcionarios adscritos a la Abogacía de la Comunidad y que se ha producido un fuerte incremento de los asuntos a tramitar, tanto en el ámbito consultivo como en el procesal.
Críticas de los grupos de izquierda
El diputado del PSOE José Luis Sánchez ha vuelto a cargar contra la ley al considerar que “ni moderniza, ni actualiza”, sino que lo que realmente persigue es facilitar un “mayor control por parte del Gobierno” de España de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.
“No tiene ningún sentido”, ha insistido el parlamentario socialista, quien ha precisado que, si se pretende mejorar las retribuciones de los letrados, debe hacerse a través de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid o mediante acuerdos sectoriales “como se ha hecho en otros colectivos”.
Para el diputado de Más Madrid Hugo Martínez Abarca, la norma evidencia que el PP madrileño concibe las instituciones “como un cortijo” en el que aplicar “sus políticas autoritarias, despóticas y caciquiles”.
En su opinión, el Gobierno regional hace un “uso espurio” de la Abogacía de la Comunidad de Madrid, y ha citado como ejemplo el anuncio de querellas contra las portavoces de Más Madrid, Manuela Bergerot, y del PSOE, Mar Espinar, por “hacer la oposición”, contra “bomberos que estaba ejerciendo el derecho a huelga” o contra manifestantes en la Puerta del Sol.
Vox respalda la norma pero afea la “efervescencia legislativa”
Por parte de Vox, el portavoz adjunto Íñigo Henríqez de Luna ha expresado su apoyo a la ley al considerar que actualizar esta regulación es “algo razonable” y porque comparten su “filosofía política”, aunque ha reprochado la “efervescencia legislativa a la madrileña” del Ejecutivo autonómico.
Aunque ha señalado que preferiría una ley general de Abogacía de ámbito estatal, ha subrayado que los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid deben situarse “en las antípodas” de la actuación del Gobierno de España, al que acusa de la “instrumentalización” de este cuerpo en el plano nacional.