El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha reprochado al Gobierno foral que “ocultar” la información sobre las impugnaciones presentadas por la UTE responsable de la duplicación del túnel de Belate en relación con las certificaciones de obra y ha llegado a afirmar que el Ejecutivo se comporta como “una banda organizada”.
Frente a estas críticas, el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, ha defendido en el pleno del Parlamento de Navarra, en respuesta a una pregunta de UPN, que “no se ha ocultado absolutamente nada”. Según ha remarcado, “cuando UPN nos ha solicitado la información se le ha facilitado. Nos hicieron una pregunta parlamentaria para conocer si existían impugnaciones a las certificaciones de obra y la respuesta fue afirmativa”.
Chivite ha precisado además que “el 28 de enero la UTE hizo pública su intención de impugnar las certificaciones realizadas”. A su juicio, “estos recursos entran dentro del marco de la situación específica en la que estamos. Por un lado, se está buscando la solución a la facturación con motivo del reparo suspensivo al modificado del contrato y por otra parte, mientras se resuelve, el órgano de contratación ha pedido a la UTE que continúe las obras por interés general”.
Según ha detallado el consejero, la UTE ha recurrido las resoluciones que aprueban las certificaciones de obra comprendidas entre la número 14 y la 23. Ha recordado que “la UTE ya ha cobrado casi 30 millones y está pendiente la fiscalización de la certificación de marzo de 3,5 millones. Pero consideran, entre otras cuestiones, que las certificaciones emitidas continúan detrayendo indebidamente los importes correspondientes a los precios nuevos aprobados en la propuesta técnica motivada por el modificado uno. Son impugnaciones que están en fase de tramitación. La UTE considera que está ejecutando los trabajos con calidad y que no se le está abonando conforme al precio”.
Por otra parte, Chivite ha indicado que el Gobierno trabaja para contratar una auditoría externa sobre la adjudicación de las obras, que complemente los análisis ya efectuados por la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra y la Cámara de Comptos. Ha explicado, no obstante, que tras dirigirse al Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y agotarse el plazo fijado, ningún profesional colegiado ha mostrado interés en asumir la auditoría, por lo que el departamento de Obras Públicas está valorando otras opciones para encomendar este encargo.
En cualquier caso, el consejero ha subrayado que, a su entender, “lo importante es que las obras siguen, que lo hacen a buen ritmo, no sin complejidades y que esperamos que el cale del túnel sea en las próximas semanas”.
Desde la tribuna, el portavoz de UPN ha advertido a Chivite de que “la transparencia no es una cuestión de cortesía, es una obligación, y ocultar información a este Parlamento ataca el derecho de los parlamentarios y del conjunto de la sociedad navarra”.
Esparza ha insistido en que el Gobierno, “en todo lo relativo a Belate, necesita ocultar información, necesita mentirnos a todos, y se está comportando como una banda organizada”. A continuación ha reprochado al consejero que “es una vergüenza su actitud, su desparpajo para mentir”.
El dirigente regionalista ha recordado que el consejero compareció en la Cámara a petición de UPN para dar cuenta del modificado de la obra de Belate y, según ha dicho, “nos evita decir que hay certificaciones recurridas por la UTE”. En este sentido, ha preguntado directamente “¿A quién está tapando?”.
Esparza ha acusado al Ejecutivo de no arrojar luz sobre el proyecto: “En esta obra, precisamente, en lugar de poner luz y taquígrafos, lo que usted hace es taparlo todo y esconder la realidad, esconder la verdad de lo que está ocurriendo. Yo no entiendo por qué no lo cuenta. ¿Qué ganaba no contándolo?”.
El portavoz de UPN ha pronosticado además que “el Gobierno va a terminar en el juzgado, van a continuar las obras que la UTE quería hacer desde el inicio en un modificado que, sin empezar la obra, se presentó para beneficio e interés de la UTE, el juzgado va a decir que el director general les dio derechos y el Gobierno va a tener que pagar por encima de lo que estaba adjudicado”. Ha añadido que, “de nuevo, el Gobierno de María Chivite, adjudicando a una UTE en la que está la empresa de Santos Cerdán y beneficiando después, con más dinero, con un modificado, de la misma forma que se ha hecho en el pasado. El consejero terminará diciendo la verdad, en este Parlamento no, pero en otro sitio sí”.
Ante estas acusaciones, el consejero ha replicado al representante de UPN que “la derecha es capaz de decir no sólo que se va a judicializar, sino lo que se va a sentenciar”.