PSPV y Compromís han registrado en Les Corts sendas enmiendas a la totalidad contra la Ley del Suelo de la Generalitat, actualmente en tramitación parlamentaria, junto a alrededor de 200 y 80 propuestas parciales, respectivamente. Entre sus objetivos figura impedir la construcción en zonas con riesgo de inundación, a la vista de las consecuencias de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 234 víctimas mortales. Ambas formaciones sostienen que la norma es “nefasta” y “especuladora” y reprochan al PP que busque favorecer el negocio urbanístico.
La Ley del Suelo, cuyo plazo para registrar enmiendas concluye este lunes, fue aprobada por el Consell a finales de septiembre. Entre sus principales cambios, obliga a que los nuevos instrumentos públicos de vivienda reserven al menos el 50% de la edificabilidad residencial a vivienda protegida y establece un planeamiento urbanístico simplificado para los municipios con menos de mil habitantes.
Los socialistas persiguen reformar una normativa que consideran “nefasta para el territorio valenciano, pero también para el presente y el futuro de los valencianos”. Así lo expone la portavoz adjunta del PSPV en Les Corts, Mª José Salvador, que critica que se trata de una ley “con clara vocación especulativa con el suelo y que apuesta por el peor de los modelos urbanísticos del Partido Popular”.
En un comunicado, la diputada del PSPV subraya que el texto ofrece “menos seguridad jurídica y cuenta con informes y dictámenes muy contundentes tanto del Consell Jurídic Consultiu como de la Abogacía de la Generalitat”. “El PP pretende la recalificación de suelo y otorga todo el poder a la iniciativa privada, incluso al margen de los planes generales municipales”, alerta.
Salvador incide además en que “la norma contempla menos reserva de suelo para vivienda protegida, con parámetros inferiores a los contemplados en la legislación estatal”: “La Comunitat Valenciana no puede permitirse, en pleno siglo XXI, una ley urbanística que no haga referencia a la lucha contra el cambio climático, a la protección de las zonas inundables y a la protección de las personas”.
“El proyecto del PP representa un modelo urbanístico que no responde a las necesidades del territorio valenciano ni garantiza la protección de las personas”, remarca, y frente a esta propuesta reivindica “la necesidad de una regulación que sitúe la vivienda protegida, la ordenación territorial y la protección frente a los riesgos climáticos en el centro de la política urbanística”.
MÁS VIVIENDA PROTEGIDA
El PSPV ha presentado también enmiendas al propio título de la ley, al entender que es imprescindible “apostar por una norma que regule el urbanismo, la ordenación del territorio y el paisaje”. Entre sus planteamientos figura reforzar la vivienda protegida y ampliar las reservas de suelo destinadas a este tipo de uso.
Otras propuestas socialistas pasan por priorizar la finalización de los desarrollos ya iniciados y fomentar una ocupación del suelo más sostenible, además de establecer que los terrenos forestales afectados por incendios no puedan ser clasificados o reclasificados como suelo urbano o urbanizable durante 30 años.
Asimismo, quieren impedir nuevos desarrollos en áreas con riesgo significativo de inundación, “salvo que, a falta de alternativas de localización, puedan implementarse medidas correctoras suficientes y se evite el incremento del riesgo de inundación a terceros”. El grupo plantea criterios de ocupación en zonas inundables basados en la seguridad y protección de la vida humana, la sostenibilidad y la adaptación al cambio climático, junto con “una normativa clara y efectiva para garantizar la seguridad de las edificaciones en zonas de riesgo de inundación”.
Desde Compromís, su síndic en Les Corts, Joan Baldoví, ha definido el proyecto como “especulador y perverso”, al entender que “favorece aún más el modelo” del PP y su “cómplice” de Vox. También reprocha a ambas formaciones que “dejen en el olvido” el derecho a una vivienda “digna” y las acusa de “desproteger a los ciudadanos” y de poner el territorio “en manos de especuladores”.
Con sus 80 enmiendas parciales, Compromís busca “cambiar el rumbo” de las políticas territoriales frente al “urbanismo 'low cost' del PP”, que, a su juicio, pretende “cambiar la legislación para que sea más rápida y más fácil cambiar la dinámica y que hayan menos controles” y consolidar un modelo “expansivo, desarrollista, desregulador y que recuerda a la burbuja inmobiliaria”.
La coalición valencianista ha difundido este lunes un ‘mapa de la especulación urbanística’ en el que identifica los proyectos y macroproyectos que, a su entender, sustentan la “perversa” y “especuladora” Ley del Suelo. Además, se compromete a derogar esta ley si accede al gobierno de la Generalitat tras las elecciones autonómicas de 2027.
PLANES GENERALES MANCOMUNADOS
Entre sus enmiendas parciales, Compromís propone que los ayuntamientos puedan solicitar la prórroga de las declaraciones ambientales y territoriales estratégicas durante dos años adicionales, así como que distintos municipios tengan la posibilidad de impulsar planes generales estructurales mancomunados entre dos o más términos municipales.
En líneas generales, la coalición reclama que se antepongan los criterios ambientales y territoriales, como la disponibilidad de recursos hídricos, la evolución de la población, la capacidad de las infraestructuras y de los servicios públicos y la preservación de la infraestructura verde.
En esta línea, plantea prohibir la clasificación de nuevo suelo urbanizable y la implantación de nuevos desarrollos urbanísticos en zonas inundables, siguiendo la cartografía oficial de peligrosidad y riesgo de inundación. También reclama que la planificación territorial y urbanística incorpore escenarios climáticos futuros y priorice los espacios que favorezcan la laminación natural de las avenidas de agua.
ENMIENDAS DE VOX
Por otro lado, Vox ha registrado 24 enmiendas orientadas a “agilizar las licencias urbanísticas, impulsar la construcción de vivienda, proteger a propietarios y promotores y favorecer las inversiones”, así como “eliminar trabas burocráticas, reforzar la seguridad jurídica y facilitar el desarrollo de proyectos urbanísticos, empresariales y residenciales”.
Según detalla el grupo en un comunicado, parte de sus modificaciones persiguen reducir la duplicidad de controles administrativos y otorgar mayor eficacia a las Entidades Colaboradoras Urbanísticas (ECUV). Para ello, plantea que sus informes de conformidad sustituyan de forma efectiva a los informes técnicos municipales, reservando las verificaciones adicionales de los ayuntamientos para casos excepcionales.
Otra de sus líneas de actuación es “proteger los derechos de los propietarios y las actividades legalmente implantadas”. Vox propone que un cambio posterior en la clasificación del suelo no implique automáticamente la pérdida de los títulos habilitantes ni la paralización de actividades que se venían desarrollando de forma legal.
En materia de vivienda, su intención es facilitar la puesta en marcha de nuevas promociones, incluidas de forma expresa las viviendas de protección pública, mediante la aplicación de la licencia básica o de aspectos esenciales a las actuaciones de edificación destinadas total o parcialmente a uso residencial.
En lo que respecta a la captación de inversiones, el grupo plantea ampliar el alcance de los proyectos de interés autonómico, dotando a la Generalitat de más instrumentos para impulsar iniciativas empresariales, industriales y estratégicas.
Además, propone sustituir la subasta de los propietarios que no deseen participar en una actuación urbanística por un sistema de indemnización ajustado a los criterios de valoración de la legislación estatal. También reclama que se reconozca expresamente el derecho de reintegro a los propietarios y promotores que adelanten el coste de infraestructuras y redes públicas comunes que, con posterioridad, beneficien a otros sectores urbanísticos.