La portavoz adjunta de Compromís en Les Corts y candidata al Senado, Isaura Navarro, y el diputado Vicent Granel han registrado una denuncia ante la Agencia Antifraude por la "mala gestión" que, a su juicio, está realizando el Consell con los avales vinculados a proyectos "fallidos" de energías renovables que no han prosperado en la Comunitat Valenciana.
La coalición reclama que se aclare si la Generalitat ha optado "de manera sistemática" por no ejecutar estas garantías económicas, pese a que la normativa estatal obliga a hacerlo cuando el proyecto decae por causas imputables al promotor. Compromís reprocha esta situación al Consell desde el inicio de la legislatura, "sin que el ejecutivo valenciano haya rectificado", según subraya la formación en un comunicado.
De acuerdo con los datos oficiales de la propia Generalitat, entre 2019 y finales de 2025 un total de 165 expedientes de instalaciones renovables han "fracasado" en la Comunitat Valenciana por desistimiento del promotor, por no cumplir las condiciones técnicas exigidas o por no superar los hitos administrativos preceptivos.
Los avales depositados para estos proyectos suman "centenares de millones de euros" y, solo en la provincia de Valencia, la cuantía se aproxima a los 280 millones. En la documentación de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio examinada por Compromís no aparece ninguna resolución de ejecución o incautación de garantías, ya que todas las resoluciones consultadas se refieren a cancelaciones o devoluciones. Esta misma práctica de devolución íntegra de las fianzas a los promotores se confirma en una respuesta del Consell a una pregunta formulada en Les Corts.
Desde Compromís recuerdan que el Real Decreto-ley 23/2020 establece que la caducidad de los permisos de acceso y conexión por incumplimiento del promotor implica la ejecución inmediata de las garantías, y solo permite no hacerlo cuando la declaración de impacto ambiental desfavorable obedece a motivos no imputables al propio promotor.
“Dudas razonables” sobre devoluciones y trato desigual
En la denuncia se recogen varios expedientes en los que se plantean "dudas razonables" sobre la legalidad de la devolución acordada por el Consell, entre ellos los macroproyectos Godelletas y Morvedre, impulsados por sociedades vinculadas a Renovalia, con avales de 38 y 16 millones de euros, respectivamente.
Compromís también pone el foco en el "hermetismo" de la Dirección General de Energía y Minas. Critica que su responsable hasta julio de 2026, Manuel Argüelles, "dejó sin responder de forma sistemática" los recursos presentados por entidades de defensa del territorio y colectivos sociales agrupados en la plataforma UbiRacional, que reclamaban la ejecución de los avales, y que incluso les negara la personación alegando "falta de interés legítimo".
Para Granel, "el alcance de la mala gestión del Consell del PP es tan grande que, por contra, las pymes, cooperativas y desarrolladores locales que han desistido de forma justificada a proyectos fotovoltaicos tienen que esperar durante años a que la Intervención de la Generalitat autorice la devolución de sus avales, a pesar de contar con resoluciones favorables".
Mientras, según Navarro, "detrás de esta doble vara de medir del Consell del PP que devuelve millones de euros a grandes promotores que no han cumplido y asfixia a las pequeñas empresas valencianas que pasan años esperando a que les liberen sus avales, puede haber delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos".
"Estos avales existen precisamente para frenar la especulación, si no se ejecutan cuando el promotor incumple, lo que también se incumple es la normativa vigente, privando al erario público de un dinero que le pertenece", han señalado los parlamentarios.
Por este motivo, han solicitado a Antifraude que requiera "todos los expedientes, que compruebe uno por uno si las devoluciones estaban justificadas y que, si encuentra indicios de responsabilidad penal, dé traslado a la Fiscalía".