El diputado de Compromís en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha registrado una iniciativa parlamentaria para que el Gobierno aclare si la carta remitida la pasada semana por la consellera de Educación, Carmen Ortí, a las familias valencianas con motivo de la huelga docente indefinida iniciada estos días supone una vulneración del derecho fundamental a la protección de datos personales.
Ibáñez también plantea si el Ministerio de Educación prevé actuar ante estos hechos y, en su caso, trasladarlos a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), al considerar que se habrían utilizado correos institucionales de la Generalitat con información de carácter personal “para señalar y criminalizar un derecho constitucional como es el derecho a huelga”.
En la pregunta remitida a la Mesa del Congreso, el parlamentario de Compromís, integrado en el grupo Sumar, detalla que el pasado 7 de mayo la Conselleria de Educación envió, mediante la aplicación GVA Web Familia 2.0, “medio de comunicación oficial entre la Generalitat y los padres y madres del alumnado valenciano”, una carta firmada por la consellera en la que se defendían las políticas educativas del Consell “y donde se intentaba enfrentar a las familias y alumnos con los docentes”.
Recuerda que esta comunicación se produjo en pleno inicio de la huelga indefinida del profesorado de la Comunitat Valenciana, convocada para reclamar mejoras en sus condiciones laborales y salariales, así como en las infraestructuras educativas, “a la que, por el momento, la Conselleria y el gobierno encabezado por Pérez Llorca se han negado a negociar”.
El representante de Compromís respalda las reivindicaciones del profesorado valenciano, centradas en la reducción de ratios, incrementos retributivos, climatización adecuada de las aulas y refuerzo de personal de apoyo. “El profesorado valenciano está al límite y no puede más. El gobierno valenciano, en vez de bajar impuestos a los ricos, debería apostar por la educación usar todos los recursos en mejorar las condiciones de la pública”, afirma en un comunicado.
Contenido y reacciones a la carta de Ortí
En la misiva enviada a las familias, la consellera recalcó que la Generalitat considera que “hay una línea que no podemos cruzar: la evaluación de los alumnos de segundo de Bachillerato no es negociable” y advirtió de que “ningún alumno ni familia puede ser rehén de un conflicto sindical”.
A raíz de este envío masivo, PSPV y Compromís acusaron a la Generalitat de vulnerar la Ley de Publicidad Institucional, una crítica a la que se sumaron la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de la Província de Valencia (Fampa-València) y el Sindicat d'Estudiants, al entender que se hacía un uso partidista de los canales oficiales.
Posteriormente, la consellera defendió públicamente que el objetivo de la carta era únicamente “informar a las familias”, insistiendo en que la Conselleria “tiene la obligación de velar” por los alumnos y su correcta evaluación en un contexto de conflicto laboral.
Como respuesta, Compromís ha puesto en marcha esta semana la web https://conselleraspam.com/ con el fin de que madres y padres puedan presentar reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos por la “propaganda” que, a su juicio, contiene la comunicación enviada por la responsable de la política educativa del Consell.