QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Compromís presentará una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Valencia para que investigue presuntas irregularidades en el Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS) durante 2024, como un total de 718 gastos «desorbitados», «sin ningún tipo de justificación» y «sin expediente de contratación» por valor de 1.173.362,11 euros.
En el escrito, la coalición valencianista apunta a «un panorama de descontrol administrativo y un posible desvío de fondos públicos» que, a su juicio, supondrían la posible comisión de delitos contra la administración pública como los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude y tráfico de influencias.
Según han explicado el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, y la diputada Nathalie Torres, en declaraciones a los medios, esta denuncia parte de informes de auditoría de la Intervención de la Generalitat respecto a determinados gastos en el IVASS –centro dependiente de la Conselleria de Servicios Sociales que dirige Susana Camarero (PP)– durante el pasado ejercicio.
Entre las «irregularidades más alarmantes» que señala la coalición están los «gastos masivos sin expediente de contratación», algo que advierte que «no solo vulnera los principios de publicidad y concurrencia, sino que impide cualquier control sobre la necesidad del gasto, la idoneidad del adjudicatario y la adecuación del precio, abriendo la puerta a la arbitrariedad y al favoritismo».
También alude al «uso indebido y reiterado de la contratación menor y fraccionamiento de contratos», al considerar que el informe de Intervención señala que «el IVASS ha convertido la excepción (el contrato menor) en la regla general para cubrir necesidades de carácter estructural y permanente, contraviniendo el espíritu y la letra de la Ley de Contratos del Sector Público».
«Este modus operandi parece diseñado para trocear artificialmente el objeto de los contratos con el fin de eludir los umbrales que obligarían a realizar procedimientos abiertos con publicidad, favoreciendo así la adjudicación directa a empresas concretas», denuncia.
En tercer lugar, critica la «facturación por servicios no prestados y falta de control en la ejecución», lo que en su opinión evidencia «una ausencia total de control en la fase de ejecución y certificación de los contratos». Es más, alerta que «esta práctica podría ser constitutiva de un delito de malversación, al estarse abonando fondos públicos sin contraprestación real o por un valor superior al debido».
Seguidamente, apunta al «incremento exponencial e injustificado de los gastos de asesoría y consultoría» por importe de «570.054,48 euros», un gasto que asegura que «se ha multiplicado por casi 40 en un solo ejercicio». «Este gasto desorbitado, carente de justificación aparente, constituye un grave indicio de posible desvío de fondos públicos a través de contratos de servicios de difícil fiscalización», sostiene.
Compromís también ve «indicios de posibles conductas colusorias, como coincidencias en domicilios, correos electrónicos y formatos de las ofertas presentadas por distintos licitadores». «La pasividad del órgano de contratación ante indicios tan evidentes de fraude podría ser constitutiva, como mínimo, de un delito de prevaricación por omisión», esgrime.
En general, la coalición afirma que «los actuales responsables del IVASS, que asumieron sus funciones a mediados de 2023, no solo no han corregido las advertencias y recomendaciones que ya recibieron en ese ejercicio, sino que las han multiplicado de forma exponencial». «Su actuación en este año 2024 no puede ser calificada como un mero error o una simple negligencia, sino como una conducta consciente y deliberada de desprecio a la legalidad y a los mecanismos de control del gasto público», asevera.
La diputada Nathalie Torres ha acusado al Consell de un «desmantelamiento» del IVASS y de «mantener cerrados centros que en 2023 ya estaban acabados» mientras realiza «gastos sin ningún tipo de justificación». Además, ha asegurado que «se ha negado el derecho a comer en el comedor a los cuidadores de personas con discapacidad en algunos centros».
«PALIAR INCUMPLIMIENTOS»
Por su parte, fuentes del IVASS afirman que el equipo directivo que accedió al servicio en 2023 «empezó a trabajar para paliar los incumplimientos» tras recibir el informe de Intervención ese año «y tener conocimiento de las deficiencias que venían repitiéndose año tras año durante las legislaturas anteriores sin que se actuara para solventarlo».
Según exponen desde el IVASS, el informe de 2024 destaca «algunos puntos que vienen repitiéndose de forma reiterada, como la necesidad de un nuevo convenio colectivo o la autorización de la RPT [relación de puestos de trabajo], que son, entre otros, elementos clave de la entidad, pero que requieren para su resolución de la participación de otras entidades, sociales o institucionales (como pueden ser sindicatos o Hacienda)».
En este contexto, el IVASS aprobó el pasado 19 de diciembre poner en marcha un plan anual de acción durante 2025 en el que identifica «aspectos que se están resolviendo o avanzando en este ejercicio como prioridades de la entidad y de su dirección». Las mismas fuentes aseguran que ese plan, que «prioriza» acciones en el área de contratación y económica y «ha sido revisado y analizado», se lleva a cabo «de forma diligente y con el compromiso de incorporar mejoras que no se habían planteado durante años».
Se identifican como «cumplidas» acciones como el código ético del IVASS o el plan de contratación, así como el sistema de control interno realizado en el primer semestre del año «con el apoyo de la Inspección general de servicio». También el procedimiento de pagos por caja fija, en el que se han implantado sistemas de gestión digital de expedientes de contratación y de facturas.
Desde el IVASS resaltan que se está implantando una nueva herramienta informática para la gestión de usuarios en los 35 centros de la entidad, junto a la «mejora» de los procesos de verificación de terceros y de conciliación bancaria con el objetivo de «minimizar los riesgos en las transacciones económicas» de la entidad. Para ello, el servicio se encuentra «en pleno proceso de migración a un nuevo sistema contable, el cual reforzará el control de datos de terceros y permitirá restringir permisos entre usuarios». Aseguran además que «se ha avanzado en la inminente puesta en marcha de mejora de los procedimientos escritos en materia de pagos».
Según estas fuentes, el resto de los puntos del plan anual se evaluarán al final de año, cuando se llevará de nuevo al consejo de dirección de la entidad el programa de acción para 2026 «basado fundamentalmente en los aspectos que identifique el siguiente informe de la auditoría».
Por todo ello, desde el IVASS afirman que «el informe de la Viceintervención en el momento de su publicación se encuentra desfasado, dado que todavía no contempla los últimos avances» realizados. Destacan «la importante inversión en materia de digitalización para aumentar el control y transparencia, ámbito en el que la nueva dirección está trabajando desde el minuto uno y en el que no se había realizado ninguna inversión ni prestado atención en las legislaturas anteriores».
«El IVASS hace un esfuerzo de mejora continua siempre motivado por la importancia de su papel en la atención a las personas con discapacidad, problemas graves de salud mental y mayores, tanto en los centros dependientes de la entidad como de las personas con medidas judiciales de apoyo», concluyen.
