El portavoz de Transporte del Grupo Popular en Les Corts, José Forés, ha denunciado en un comunicado la situación de “absoluto colapso” por “incompetencia” en Tráfico, que mantiene a 48.000 valencianos en lista de espera para sacarse el carné de conducir. Por este motivo, ha reclamado el cese del director general de Tráfico, Pere Navarro, así como el de los jefes provinciales de Tráfico en la Comunitat Valenciana.
Según ha explicado, este atasco administrativo “lastra, en muchos casos, la oportunidad de acceder al mercado laboral y agrava la asfixia que atraviesa el sector, hasta el punto de que 53 autoescuelas de la Comunitat Valenciana se han visto obligadas a cerrar, aun teniendo clientes”.
Forés ha subrayado que los aspirantes “tienen que esperar hasta un año para obtener el carné o verse obligados a trasladarse a otras comunidades autónomas menos castigadas que la nuestra por la falta de personal”, lo que, a su juicio, supone un perjuicio añadido para los alumnos y las autoescuelas.
El diputado popular ha tildado de “impresentable y tremendamente grave” la situación y ha criticado que, “mientras jóvenes y profesionales del volante desesperan, Hacienda incrementa la recaudación gracias, en buena medida, al pago de unas tasas que muchos aspirantes deben renovar porque caducan antes de que puedan examinarse”.
Como ejemplo de este desequilibrio, ha indicado que, “solo en 2025, Hacienda, a través de Tráfico, obtuvo un superávit de 10.144.967 euros, mientras que el gasto bruto de toda la plantilla de examinadores asciende a 2.672.842 euros”, por lo que se ha preguntado si, “habiendo excedente de dinero en caja, qué motivo hay para no contratar al personal necesario”.
“Pura incompetencia y afán de perjudicar” a los valencianos
A juicio de Forés, detrás de este escenario “solo cabe pensar en pura incompetencia y un afán de perjudicar a los valencianos desde el Gobierno de España”. Considera que esta acusación queda “avalada por los datos de dotación de examinadores: para disponer de la misma plantilla que Albacete, Valencia necesitaría 64 examinadores; si tuviera la misma ratio que Cuenca, precisaría 70, y si contara con la de Teruel, serían necesarios 82 examinadores”.
El portavoz ha señalado que “este agravio también se refleja en la comparación con otras provincias españolas de menor población. Mientras Valencia dispone de un examinador por cada 67.000 habitantes, Teruel cuenta con uno por cada 34.000; Sevilla, con uno por cada 50.000; Zaragoza, por cada 49.000; Las Palmas, por cada 48.000; y Murcia, por cada 56.000 habitantes”.
En su opinión, “no existe ninguna razón objetiva que justifique que los valencianos soporten un déficit de 20 examinadores, absolutamente imprescindibles para restablecer el servicio”. Además, ha recalcado que, entre 2021 y 2025, Valencia “incorporó un nuevo examinador por cada 300.000 habitantes, mientras que provincias como Lleida y Girona obtuvieron uno por cada 52.000 habitantes”.
Para Forés, “estamos hablando de un problema muy serio, cronificado desde hace más de tres años, pero que tendría una solución rápida y sencilla si los intereses partidistas no marcaran las reglas del juego”. En esta línea, ha afirmado que ahora “ya no caben más parches ni más excusas, empezando por una delegada del Gobierno --Pilar Bernabé-- que lleva siete meses sin contestar las llamadas de la patronal valenciana de autoescuelas”.