La condonación de parte de la deuda de las comunidades autónomas, junto con la ley de función pública y la nueva ley de industria, figuraba entre las principales iniciativas en tramitación parlamentaria que han quedado en papel mojado tras el adelanto electoral anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para el próximo 29 de noviembre.
En esta legislatura tampoco llegará a debatirse el proyecto de ley para incorporar a la normativa española una parte de la nueva Directiva europea del IVA en el ámbito de la economía digital, ni el texto que modificaba varias leyes tributarias sobre la responsabilidad patrimonial del Estado legislador por daños derivados de la infracción del Derecho de la Unión Europea.
En el terreno laboral, se quedarán sin aprobar el Estatuto de las personas en formación práctica laboral, la reforma para permitir jubilaciones anticipadas sin recortes a trabajadores con más de 40 años cotizados o la norma destinada a recuperar la bonificación de las cuotas empresariales de la Seguridad Social para los empleadores de Ceuta y Melilla.
También se han visto truncados el proyecto de reforma de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, la norma sobre control, inspección y régimen sancionador de la pesca marítima, así como los cambios previstos en los seguros agrarios combinados y la revisión del funcionamiento de la cadena alimentaria. La Ley de Industria, pendiente de culminarse desde la legislatura anterior, vuelve a quedar sin aprobar.
En materia de consumo, decaen igualmente iniciativas con impacto económico como la proposición de ley para combatir la reduflación y la que pretendía regular las cláusulas “Redito Ad Libitum” en los contratos de préstamos y créditos hipotecarios.
Adiós a la Autoridad del Cliente Financiero y a la Comisión Nacional de la Energía
Entre las normas promovidas por el Ejecutivo que no verán la luz figura la creación de la Autoridad del Cliente Financiero, un proyecto que ya estuvo a punto de aprobarse en la legislatura anterior y que entonces también se vino abajo por el adelanto electoral.
Dentro de la Comisión de Economía han quedado igualmente aparcados el proyecto para modificar diversas leyes con el fin de digitalizar y modernizar el sector financiero, la iniciativa para el buen uso de la Inteligencia Artificial (IA), la reforma de los criterios de tamaño de las empresas a efectos de información financiera y la nueva regulación para administradores y compradores de créditos.
En esa misma comisión se ha frenado la proposición de ley procedente del Parlament de Cataluña para garantizar la presencia de cajeros automáticos en municipios en riesgo de exclusión financiera.
En el ámbito energético, uno de los textos más relevantes que no culminará su tramitación es el proyecto para la creación de la Comisión Nacional de la Energía.
Vivienda: se hunden las reformas del PP y de los socios del Gobierno
En política de vivienda, decaen todas las iniciativas legislativas del PP registradas en Congreso y Senado, que incluían desde medidas para agilizar el desalojo de 'okupas' en viviendas hasta rebajas fiscales a la compra de inmuebles y modificaciones de la Ley del Suelo.
También se queda en el camino la ley de EH Bildu para controlar y regular la publicidad de pisos turísticos ilegales y la proposición impulsada por Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG para regular los contratos de alquiler temporales y de habitaciones.
Presupuestos y financiación autonómica, pendientes
El Gobierno cierra la legislatura sin haber logrado dos de sus grandes objetivos económicos: la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado y la reforma del sistema de financiación autonómica.
Por primera vez en la etapa democrática, la legislatura concluye tras la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre sin que se hayan aprobado nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE).
La reforma de la financiación autonómica también queda en suspenso por el adelanto electoral. Aunque a comienzos de septiembre el Consejo de Política Fiscal y Financiera dio “luz verde” al proyecto —con el respaldo de Cataluña y Canarias—, el Consejo de Ministros no llegó a ratificarlo ni a remitirlo a las Cortes para su convalidación.
La reforma del registro horario aún podría salir adelante
En el área laboral, la reforma del registro horario, uno de los principales compromisos de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aún podría aprobarse pese a la cita con las urnas.
La idea del Ejecutivo es sacar adelante esta reforma mediante Real Decreto, lo que evitaría la necesidad de convalidación en el Pleno del Congreso o en la Diputación Permanente, órgano que asume las funciones de la Cámara cuando las Cortes están disueltas o ha expirado su mandato.
En cambio, no está asegurado que el Gobierno acometa una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) antes de las elecciones, aunque este incremento también se articula a través de Real Decreto.
Sigue igualmente en el aire la reforma para impedir que los pluses y complementos salariales absorban las subidas del SMI, un cambio normativo que se iba a incorporar a la transposición de la directiva europea sobre salarios mínimos adecuados.
Lo que no dará tiempo a culminar antes de los comicios es la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, aprobada a finales de abril en Consejo de Ministros en forma de anteproyecto de ley.
Tampoco se aprobará la reforma del despido para adaptarlo a las exigencias de la Carta Social Europea, salvo que el Gobierno opte por introducir estos cambios vía Real Decreto o Real Decreto-ley, asumiendo el riesgo de que la Diputación Permanente pueda tumbar la norma.
Otro asunto en la agenda del Ministerio de Trabajo antes de la convocatoria electoral era la transposición de la directiva comunitaria sobre transparencia retributiva, cuyo texto normativo ya está perfilado en sus aspectos esenciales.
Gigafactoría de IA y regulación de centros de datos
Estaba igualmente previsto aprobar en segunda vuelta el anteproyecto de ley que regula el convenio de ajuste recíproco de intereses. El CARI es un instrumento financiero de apoyo a la internacionalización de la empresa española que facilita la concesión de créditos a medio y largo plazo, en condiciones de mercado y a tipo de interés fijo, a clientes de exportadores españoles. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) se encarga de formalizar los convenios del CARI por cuenta del Estado.
En el ámbito de la Transformación Digital, el departamento dirigido por Óscar López tenía en agenda para octubre un nuevo real decreto para regular los centros de datos en España —elaborado junto a Transición Ecológica y Economía—, que obligará a que las instalaciones respalden con nueva generación renovable, al menos, el 80% de su consumo energético cada hora, bajo criterios de sostenibilidad, resiliencia y soberanía digital.
Por otra parte, el consorcio público-privado español, formado por el Gobierno, la Generalitat de Cataluña, Banco Santander, ACS, Telefónica y Multiverse Computing, dispone hasta el 12 de noviembre para presentar su candidatura a una de las siete gigafactorías europeas de inteligencia artificial (IA).