La ex secretaria autonómica de Comunicación y Relaciones Institucionales y ex delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana durante los mandatos de Francisco Camps y Mariano Rajoy, Paula Sánchez de León, ha puesto en valor su “vocación pública y experiencia profesional” para asumir la vocalía libre en el Consejo Valenciano de Transparencia, propuesta por el PP tras el fallecimiento en julio de Vicente Fernández.
Así lo ha expresado en su intervención de este miércoles ante la comisión de Régimen de Instituciones de la Generalitat en Les Corts, trámite previo a la votación en el pleno, donde ha defendido su candidatura “con humildad, ilusión, responsabilidad e independencia”, y con “la convicción de que el escrutinio ciudadano de la función pública no es una amenaza, sino un respaldo institucional y una garantía de una democracia adulta”.
“Durante todos estos años de servicio público, he trabajado con más o menos acierto, según quien lo juzgue, pero les aseguro que, con compromiso, responsabilidad, honestidad, transparencia y pensando en el interés de los ciudadanos y en mejorar su bienestar, esta dilatada trayectoria por diversos puestos y administraciones constatan mi conocimiento profundo de la gestión pública”, ha manifestado.
Sánchez de León ha subrayado que dejó “voluntariamente” la actividad pública en 2014 y que, desde entonces, ha ampliado su bagaje “en el ámbito privado” y ha tratado con la Administración “desde fuera, lo que sin duda amplía el foco y la manera de aproximarnos a la gestión pública”.
“Cuando tomé la decisión de dejar la actividad pública, lo hice con conciencia y desde la firme convicción de que la independencia es la mejor garantía de la libertad. Y desde esa libertad y de esa independencia presento esta candidatura porque creo en los fundamentos que justifican la existencia de este Consejo. Creo en la transparencia como uno de los pilares fundamentales de una democracia de calidad”, ha señalado.
“Fortalecer la confianza en las instituciones”
Ha defendido que la ciudadanía “tiene derecho a conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se gestionan los recursos públicos y cuáles son los criterios que guían la actuación de sus instituciones”. A su juicio, “no debe entenderse únicamente como una obligación legal, sino como una forma de ejercer la responsabilidad pública de rendir cuentas ante los ciudadanos y, sobre todo, de fortalecer su confianza en las instituciones”.
En esta línea, ha sostenido que los órganos garantes de la transparencia “deben ejercer sus funciones con independencia, objetividad y rigor, al margen de cualquier interés político o particular”. Considera que su incorporación al Consejo Valenciano de Transparencia puede contribuir a una Administración “más abierta, más responsable y más cercana a los ciudadanos”.
“Aspiro a aportar mi granito de arena en mejorar su funcionamiento y llegar al máximo posible en el cumplimiento de sus funciones”, ha afirmado, apuntando que, si resulta elegida, también priorizará tareas “igualmente importantes” como la mediación y la puesta en marcha de acciones de formación y sensibilización.
En este contexto, ha aludido a “la problemática de los ayuntamientos” para ajustarse a la ley de transparencia, “no por falta de voluntad, sino por falta de medios, materiales y personales”. Ante este escenario, ha opinado que la tecnología “puede ser una gran ayuda” mediante la automatización de procedimientos o la definición de protocolos. “Es necesario prestar tiempo y atención a esta cuestión”, ha insistido.
Posiciones de los grupos parlamentarios
Por parte de los grupos, la diputada del PSPV Xelo Angulo ha pedido a Sánchez de León que se pronuncie sobre la resolución del TSJCV que obliga a la Conselleria de Sanidad a entregar información sobre pagos y derivaciones a la sanidad privada, y le ha cuestionado por los cambios impulsados por PP y Vox para “eliminar controles” en este organismo.
Aitana Mas (Compromís) ha afeado que el Consell de Transparència no haya difundido “ninguna resolución” desde abril y ha preguntado si la aspirante va a “hacer partidismo” o ejercer una fiscalización “real” de la Generalitat. “Pongo en duda que su prioridad sea defender los intereses de la ciudadanía, ante su actuación en la Primavera Valenciana”, ha apuntado, en referencia al movimiento estudiantil de 2012, cuando Sánchez de León ocupaba la Delegación del Gobierno.
La diputada de Vox Ana Vega ha sostenido que Sánchez de León “cumple con todos los requisitos” para el cargo, y ha remarcado la necesidad de reforzar los recursos materiales y humanos del Consell de Transparència, incluso estudiando que este órgano disponga de “una mayor capacidad sancionadora”.
Desde el PP, la diputada Laura Chulià ha señalado a Sánchez de León que no atienda las críticas de la oposición sobre si “piensa hacer partidismo” en el puesto, reprochando que procedan de “los partidos del Gobierno con el primer fiscal general del Estado condenado”. También ha remarcado que se ha incrementado en dos personas la plantilla de la oficina de apoyo al Consell de Transparència.
“La transparencia está al alza”
En su turno de réplica, Sánchez de León ha explicado que ha decidido “aceptar este ofrecimiento” porque la transparencia “está al alza” y adquiere mayor relevancia “en el momento político que vivimos”.
La candidata ha asegurado que ejercerá el cargo “con objetividad e imparcialidad”, defendiendo que “tener una ideología o afiliación política no empaña la independencia de las personas”. Ha recordado, además, que los responsables de los órganos de transparencia en Catalunya o Castilla-La Mancha también cuentan con afiliación política.
Asimismo, ha negado que exista “interés alguno” en ocultar expediente, ha rehusado pronunciarse sobre expedientes que ya están judicializados y ha enfatizado que la normativa fija “la obligación de presentar una memoria anual” del organismo.