Vox registra casi una veintena de enmiendas para recortar trámites y lograr una mayor simplificación administrativa

Vox presenta 18 enmiendas al plan Simplifica 2 para recortar trámites, reducir cargas a empresas y reforzar la unidad de mercado en la Comunitat Valenciana.

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El grupo parlamentario Vox en Les Corts ha registrado 18 enmiendas al proyecto de ley de medidas frente a la hiperregulación, la agilización de procedimientos y la garantía de la unidad de mercado —conocido como plan Simplifica 2— con el fin de avanzar hacia una simplificación administrativa más profunda, eliminar “trámites burocráticos” en la Comunitat y rebajar la carga regulatoria que soportan empresas, comercios, colegios profesionales, autónomos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sanidad y servicios sociales.

Entre las propuestas, la formación que lidera Santiago Abascal plantea que los comercios puedan abrir en cualquier municipio de la región de forma “más rápida” mediante la supresión de trámites burocráticos, con la intención de favorecer nuevas aperturas de negocios.

Asimismo, Vox defiende reforzar la unidad de mercado e incluye una enmienda para impedir que se exijan requisitos adicionales a empresas o profesionales “que ya cumplen en otra parte de España”, como nuevas autorizaciones, titulaciones o condiciones técnicas.

Otra modificación plantea que los ayuntamientos estén obligados a revisar en un plazo máximo de un año las declaraciones responsables, documentos oficiales que presentan ciudadanos y empresas para iniciar obras menores o poner en marcha actividades comerciales.

Además, se fija que la Generalitat elabore las normas “pensando en no poner trabas” a empresas o profesionales procedentes de otras comunidades autónomas, con el objetivo de reforzar la unidad de mercado. También se introduce la obligación de revisar anualmente esa normativa y suprimir aquellos requisitos “más restrictivos” que los vigentes en otras CCAA.

Revisión de decretos sobre grúas y cargas en empresas

Las enmiendas contemplan igualmente la derogación de dos decretos del Consell que obligan a que las grúas dispongan de un libro donde se anoten revisiones, mantenimientos e inspecciones oficiales. Vox juzga este requisito como un trámite “innecesario e injustificado” que genera “mayores cargas administrativas” y sostiene que debe suprimirse para “simplificar y mejorar la calidad del servicio”.

Otra propuesta se centra en la elaboración de informes para dictar normas que afecten a empresas y negocios con menos de 10 trabajadores, de modo que se tenga en cuenta su impacto social y económico. En este sentido, la formación sugiere valorar “cada caso en concreto” para determinar si una empresa “debe cumplir o no” con las obligaciones previstas en la norma. Igualmente, defiende que las notificaciones se practiquen en días y horas hábiles, con el fin de facilitar “el conocimiento efectivo” a las personas interesadas.

Reservas para militares y coordinación en sanidad y servicios sociales

En el ámbito del empleo público, Vox propone crear una reserva de plazas para militares de complemento y personal de tropa y marinería en las convocatorias de acceso a los cuerpos de la Policía Local.

En cuanto a sanidad y servicios sociales, la formación plantea reforzar el derecho a una historia social única mediante un marco jurídico que permita la “comunicación bidireccional” de datos personales entre el Sistema Valenciano de Salud y el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales. La finalidad es que ambos sistemas puedan consultar la historia del mismo paciente y asegurar “una atención integral y centrada en la persona”.

Además, Vox plantea reformar la ley que regula la Iniciativa Legislativa Popular ante Les Corts para incorporar como requisitos el tener nacionalidad española y estar inscrito en el censo electoral, o bien ser ciudadano de un estado miembro de la UE o de Islandia, Liechtenstein, Noruega o Suiza.

En otra de las enmiendas, el partido aboga por recortar trámites, autorizaciones y la intervención administrativa en las instalaciones eléctricas. Finalmente, propone modificar la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat, con el propósito de acelerar los procedimientos de verificación de requisitos y facilitar la actividad comercial. Con el conjunto de estas iniciativas, Vox sostiene que da cumplimiento “una vez más” a su programa electoral.