Centros de datos: qué exige el nuevo decreto y por qué el sector lo rechaza

El Gobierno fija nuevas exigencias energéticas y medioambientales para estas instalaciones, mientras la patronal advierte de que la regulación pone en riesgo 66.900 millones de euros de inversión prevista.

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Centros de datos. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
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Los centros de datos que quieran conectarse a la red eléctrica española deberán cumplir nuevas exigencias de sostenibilidad, eficiencia y suministro energético. El Gobierno ha aprobado un nuevo marco regulatorio para estas instalaciones con el objetivo de limitar su impacto sobre el sistema eléctrico, pero la norma ha provocado el rechazo de la industria, que amenaza con recurrirla ante los tribunales.

Entre las principales condiciones se encuentra la obligación de cubrir al menos el 80% de su consumo eléctrico con energía renovable adicional, así como acreditar esa cobertura de forma horaria. El Ejecutivo defiende que el crecimiento de estas infraestructuras no puede trasladar costes al conjunto de los consumidores ni comprometer la capacidad de la red eléctrica.

La patronal de los centros de datos, sin embargo, considera que los requisitos son demasiado restrictivos y pueden frenar el desarrollo de proyectos tecnológicos en España. SpainDC estima que la regulación pone en riesgo 66.900 millones de euros de inversiones previstas hasta 2030 y ha anunciado su intención de impugnar el decreto.

Qué obliga a hacer el nuevo decreto a los centros de datos

La nueva normativa establece condiciones para las instalaciones de centros de datos, especialmente aquellas cuya potencia de acceso a la red sea igual o superior a 10 megavatios (MW), así como para determinados proyectos agrupados que alcancen conjuntamente ese umbral.

Uno de los requisitos más relevantes es que al menos el 80% del consumo eléctrico se cubra con energía renovable adicional, mediante autoconsumo o contratos de suministro que cumplan las condiciones establecidas. Esto implica que no bastará con acreditar un porcentaje de energía limpia a final de año, sino que también deberá cumplirse una cobertura mínima del 80% en cada hora.

El Gobierno pretende evitar que el aumento de la demanda eléctrica de estas instalaciones dependa de la generación convencional cuando no haya suficiente producción renovable disponible. Para el sector, esta exigencia supone una de las principales dificultades del decreto, al limitar las opciones de suministro y obligar a buscar generación renovable adicional que no siempre estará disponible en las condiciones o plazos que necesita cada proyecto.

La regulación también incorpora obligaciones de eficiencia energética e hídrica, con el objetivo de reducir el consumo de recursos asociado a la actividad de los centros de datos. Estas infraestructuras requieren grandes cantidades de electricidad para mantener operativos los servidores y sistemas informáticos, así como mecanismos de refrigeración para evitar el sobrecalentamiento.

Además, el texto contempla condiciones vinculadas a la soberanía digital y a la protección de determinados sistemas públicos de información, especialmente cuando se trata de datos sensibles o de categoría alta, reforzando los requisitos de seguridad y control.

Por qué el sector rechaza la regulación

La patronal SpainDC considera que el nuevo marco puede restar competitividad a España frente a otros países europeos que también buscan atraer grandes inversiones tecnológicas. Su principal argumento es que las condiciones de suministro renovable y la correlación horaria elevan la complejidad y el coste de desarrollar estas infraestructuras.

La asociación calcula que 66.900 millones de euros de inversiones previstas hasta 2030 podrían verse comprometidos por la nueva regulación. Esta cifra corresponde a una estimación de la industria sobre proyectos e inversiones potenciales en riesgo, no a dinero que ya se haya perdido o dejado de ejecutar de forma confirmada.

El sector también cuestiona las previsiones del Gobierno sobre el impacto que tendría el desarrollo de los centros de datos en la factura eléctrica. Mientras el Ejecutivo sostiene que el decreto evitará trasladar un sobrecoste de miles de millones de euros a los consumidores, los operadores consideran que las restricciones podrían provocar que parte de los proyectos se desplacen a otros mercados.

El anuncio de un recurso judicial abre ahora un nuevo frente entre la Administración y la industria, que busca revisar las condiciones antes de que afecten al desarrollo de las inversiones previstas.

La red eléctrica, otro de los puntos clave

El debate sobre los centros de datos coincide con la planificación de nuevas inversiones en la red de transporte eléctrico para responder al aumento de la demanda industrial y tecnológica. El Gobierno ha planteado una inversión de 17.142 millones de euros hasta 2030 para reforzar la infraestructura eléctrica y facilitar nuevas conexiones.

La capacidad de la red es uno de los factores determinantes para la instalación de centros de datos, que necesitan un suministro elevado y estable para funcionar de manera continua. Por ello, las condiciones de acceso a la electricidad y la disponibilidad de potencia se han convertido en un elemento central para decidir dónde se desarrollan estos proyectos.

El Ejecutivo busca compatibilizar la llegada de nuevas inversiones tecnológicas con la protección del sistema eléctrico y los objetivos medioambientales. El sector, por su parte, sostiene que las exigencias aprobadas pueden terminar frenando precisamente las inversiones que España quiere atraer en plena expansión de la inteligencia artificial, la computación en la nube y los servicios digitales.