Una suerte de atajo temporal para poner en marcha leyes sin contar con el poder Legislativo. Así podría explicarse de forma rápida la figura del Real Decreto-ley (RDL), una potestad que permite al Gobierno la entrada en vigor de normas con rango de ley sin el visto bueno previo de las Cortes Generales. Dado el carácter de la figura, la Constitución (artículo 86) acota su uso a casos de «extraordinaria y urgente necesidad».
La Carta Magna no permite que vía RDL se altere el «ordenamiento de las instituciones básicas del Estado», materias contenidas en el Título I del texto constitucional (derechos y deberes fundamentales), el régimen de las Comunidades Autónomas ni el «Derecho electoral general». Además, establece un plazo de 30 díaspara que el RDL sea sometido a «debate y votación de totalidad» en el Congreso de los Diputados, de forma que el Pleno (o la Diputación Permanente si fuera el caso) convalide o derogue su contenido. Es en este trámite, el de convalidación, en el que al Gobierno de momento no se salen las cuentas.
POCO MARGEN PARA EL DISENSOEn la XV Legislatura, PSOE y Sumar parten con 147 escaños. Así, siempre que al menos una de las formaciones nacionalistas vascas, catalanas o Podemos voten ‘No’ al mismo tiempo que PP, Vox y UPN (171 diputados), el Gobierno será derrotado (la mayoría absoluta está en 176). ¿Hay margen para discrepar del Ejecutivo en votaciones? Queda espacio para la abstención, pero nunca para más de un socio de investidura al mismo tiempo. En ese supuesto, todo queda en manos del BNG o Coalición Canaria.
El orden del día del pleno del Congreso que se celebra hoy, incluyela convalidación o derogación de tres RDL, los tres primeros que presenta la coalición de Gobierno PSOE-Sumar en esta XV Legislatura. Pedro Sánchez tiene experiencia en estas lides (pasó por casi un centenar de estas votaciones en su anterior mandato), pero la aritmética actual de la Cámara y la tendencia a incluir diversidad de materias en un mismo RDL hacen que el Ejecutivo llegue a la jornada de convalidación sin garantías de que las medidas aprobadas en diciembre de 2023 y ya en vigor no decaigan a partir del jueves.
Un hecho excepcional
Con más o menos esfuerzo negociador, lo cierto es que desde la restauración democrática, las Cortes (el Congreso en este caso) solo han rechazado cinco de los 747 RDL, apenas un 0,7% de los sometidos hasta ahora a convalidación, desde 1977. A expensas de lo que pueda suceder hoy, Sánchez ya sabe lo que es que la Cámara Baja te deniegue su apoyo (le sucedió en 2019 y 2020), una experiencia que también vivieron Adolfo Suárez (1979), José Luis Rodríguez Zapatero (2006) y Mariano Rajoy (2017).
Pese a que una mayoría absoluta en el Congreso garantiza la luz verde de cualquier proyecto o proposición de ley, la tentación de legislar mediante RDL es algo a lo que Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy no quisieron renunciar cuando dispusieron de al menos 176 diputados en sus filas. De hecho, la absoluta de Rajoy es el tercer mandato con mayor utilización de esta potestad, tras la pasada legislatura (Pedro Sánchez) y la primera de Aznar.
1979 (Suárez, UCD): un asunto de tiempo y formas
El RDL promulgado por el Gobierno de Adolfo Suárez que no logró la convalidación obedecía a una cuestión de calendario. La Junta Central de Acuartelamiento podía entrar en causa de disolución. Para evitarlo, el Ejecutivo tenía en tramitación un proyecto de ley, pero los tiempos no acompañaban: durante el proceso las Cortes se habían disuelto y había una discusión sobre si la proposición se podía mantener de una legislatura a otra. Los centristas quisieron curarse en salud con un texto que permitiera una prórroga excepcional hasta que el proyecto de ley que extendía por otros cinco años la vigencia de la Junta obtuviera luz verde por parte de la Cámara.
