El consejero delegado de Endesa, Gianni Armani, considera que la decisión de extender la vida operativa de la central nuclear de Almaraz hasta 2030 sienta “algunos de los pilares” para replantear el calendario previsto de clausura del parque nuclear en España.
Durante una conferencia con analistas para comentar los resultados de la compañía correspondientes a los nueve primeros meses del ejercicio, Armani, que en su intervención inicial trasladó sus condolencias a las víctimas y familiares del accidente ferroviario ocurrido esta mañana en la provincia de Toledo, recordó que la decisión adoptada el pasado mes de agosto sobre Almaraz “cambia solo por unos pocos años la extensión de la vida útil”, pero “establece algunos de los pilares clave para una evaluación futura”.
En esta línea, el directivo abrió la puerta a una revisión del calendario de cierre del parque nuclear que el actual Gobierno mantiene oficialmente fijado en 2035, pese a la prórroga concedida a Almaraz hasta junio de 2030.
Según Armani, en el contexto energético actual la prolongación de Almaraz reconoce que la capacidad firme de la energía nuclear “es estratégicamente necesaria” y que, además, “está menos expuesta a la volatilidad del mercado”. No obstante, puso el acento en la “enorme carga” impositiva” que soporta esta tecnología.
De acuerdo con el ejecutivo de la eléctrica, todos estos “elementos preparan claramente el terreno para una revisión de todo el parque nuclear en España, que vemos que en el próximo año será parte de la discusión con las instituciones”.
Servicios auxiliares: impacto de hasta 6.000 millones
En otro orden de cosas, Armani se refirió al “crecimiento significativo” de los costes de los servicios auxiliares, disparados en gran medida por la denominada “operación reforzada” bajo la que opera el sistema eléctrico desde el apagón del 28 de abril de 2025. Con una cuantía que ya supera los 4.000 millones de euros a cierre de septiembre, el directivo calculó que estos costes se situarán entre 5.500 y 6.000 millones de euros al finalizar el año.
“Es claramente un impacto significativo en el que los clientes minoristas han estado protegidos en gran medida por el mercado liberalizado”, señaló, aunque advirtió de que sí repercute en los consumidores que no disponen de contratos a plazo.
Por este motivo, defendió que, al igual que se ha hecho en Portugal, este coste deje de ser variable y volátil para pasar a ser un coste regulado. “Siendo este un coste compartido por seguridad que debería ser asumido por todos los consumidores”, afirmó.