Bruselas abre un expediente a España por incumplir las normas europeas contra la malversación de fondos de la UE

La Comisión Europea abre un expediente a España por no adaptar la directiva antifraude de la UE y fijar penas de malversación por debajo de lo exigido.

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Sede de la Comisión Europea en Bruselas. Alicia Windzio/dpa
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La Comisión Europea ha puesto en marcha un procedimiento de infracción contra España por no haber incorporado plenamente a su ordenamiento jurídico las disposiciones de la directiva sobre fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión Europea. En la práctica, esto implica que las penas máximas de cárcel previstas para los delitos de malversación de fondos comunitarios son "inferiores al nivel exigido" por la normativa común.

La apertura de este expediente sancionador arranca con el envío de una carta motivada que concede un plazo de dos meses a las autoridades españolas para corregir las "deficiencias" detectadas. Una vez vencido ese periodo, Bruselas evaluará si la contestación es suficiente o si procede a la siguiente fase del procedimiento con un dictamen motivado. Si el conflicto persiste, el Ejecutivo comunitario puede acabar llevando el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y solicitar la imposición de una sanción al Estado miembro.

Para Bruselas, esta directiva constituye "una piedra angular de la arquitectura de lucha contra el fraude de la UE" porque "protege" el presupuesto comunitario al unificar las definiciones, las sanciones y las normas de competencia relativas al fraude y a otros delitos que dañan los intereses financieros de la Unión. Además, establece el marco de actuación de la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés).

Los servicios comunitarios subrayan que el plazo para trasponer esta norma al derecho interno terminó en julio de 2019 y España no respetó el calendario pactado por los Veintisiete. Por ello, en diciembre de 2021 ya se envió una primera carta de emplazamiento a las autoridades españolas por el retraso en la adaptación de varias disposiciones, entre ellas las relativas a la definición de corrupción.

En esta nueva fase, Bruselas advierte de que, además de los problemas ya señalados, la legislación española "no incluye adecuadamente el delito de malversación de fondos de la UE y prevé una pena máxima de prisión inferior al nivel exigido por la Directiva".