La Comisión Europea ha dado este viernes su visto bueno al mercado de capacidad diseñado por España para asegurar que el sistema eléctrico cuente con suficiente respaldo en momentos de escasez. Se trata de un instrumento dotado con unos 9.000 millones de euros para los próximos diez años, concebido como complemento al despliegue de las energías renovables.
Este esquema permitirá remunerar, a través de subastas, a instalaciones de generación, almacenamiento y gestión de la demanda que se comprometan a estar disponibles en periodos de tensión para aportar potencia firme al sistema, reforzando así la prevención frente al riesgo de grandes apagones.
El funcionamiento del mecanismo se apoya en un estándar de fiabilidad ya definido, que fija el volumen de capacidad imprescindible para garantizar un nivel adecuado de seguridad de suministro y que la red pueda atender la demanda incluso en escenarios de alta presión o menor disponibilidad de generación.
Para cumplir ese objetivo, Red Eléctrica compensará a los recursos necesarios para cubrir las necesidades detectadas, ya sea mediante generación eléctrica, soluciones de almacenamiento energético o reducciones temporales del consumo.
El respaldo de Bruselas se produce después de que el Gobierno lanzara a finales de 2024 el trámite de audiencia de la orden ministerial que regula este mercado, con el propósito de dotar de mayor firmeza al sistema eléctrico en un contexto de progresiva sustitución de tecnologías convencionales por renovables y con la intención de contar con “un seguro” que garantizara capacidad suficiente en situaciones de estrés para la red.
Unos 900 millones de euros al año
De acuerdo con la Comisión, el sistema estará operativo durante una década a partir de este mes y dispondrá de una dotación aproximada de 900 millones de euros anuales, si bien el importe definitivo dependerá del resultado de cada subasta.
Bruselas recalca que podrán concurrir tanto instalaciones ya en funcionamiento como proyectos nuevos de generación, almacenamiento o gestión de la demanda, que competirán en procedimientos abiertos para ofrecer respaldo al sistema cuando se requiera. Entre los posibles participantes se incluyen centrales eléctricas, baterías u operadores capaces de reducir de forma temporal su consumo en momentos críticos para la red.
El Ejecutivo comunitario considera que la iniciativa es “necesaria y adecuada” para preservar la seguridad del suministro y concluye que las ayudas previstas son proporcionadas, puesto que se otorgarán mediante procesos competitivos diseñados para minimizar las distorsiones sobre la competencia y el comercio en el mercado interior.
La Comisión remarca, además, que el mecanismo impulsará el desarrollo de servicios de flexibilidad, en particular el almacenamiento y la gestión de la demanda, tecnologías consideradas esenciales para facilitar la integración de las energías renovables en el sistema eléctrico.
Tres modalidades de subasta
El diseño planteado por el Gobierno español incorpora distintas categorías de subastas para atender tanto necesidades estructurales como episodios puntuales de escasez. Así, se prevé una subasta principal para asignar capacidad a medio y largo plazo, otra subasta anual de ajuste para cubrir necesidades coyunturales y una tercera, de carácter transitorio, destinada a asegurar la firmeza del sistema hasta que entren en operación los proyectos adjudicados en las convocatorias principales.
Asimismo, las nuevas inversiones que se presenten al mecanismo deberán corresponder a tecnologías renovables, sistemas de almacenamiento o soluciones de gestión de la demanda, en coherencia con el objetivo de acompañar la transformación del mix energético y favorecer la incorporación de tecnologías capaces de aportar flexibilidad al sistema eléctrico.