La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real tiene previsto enjuiciar el próximo 2 de junio a dos administradores de la sociedad 'Multiservicios La Mancha S.L.'. Ambos se sientan en el banquillo acusados por la Fiscalía de un delito de riesgo contra la seguridad de los trabajadores y de un delito de homicidio por imprudencia grave, a raíz del fallecimiento de un empleado que se precipitó desde la cubierta de una nave industrial en Tomelloso, pese a estar contratado con la categoría profesional de fontanero.
Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan a abril de 2022, cuando dos operarios acudieron a una nave para llevar a cabo la sustitución de varias placas deterioradas en la cubierta.
La Fiscalía detalla que los trabajadores subieron a la parte superior del edificio mediante una escalera apoyada en una construcción colindante y que efectuaron la intervención sin que se hubiera diseñado ninguna medida de protección colectiva, ni se les hubiera proporcionado el obligatorio arnés anticaída ni casco de seguridad.
Durante el desarrollo de la labor, uno de los empleados apoyó el pie sobre una de las placas, que cedió, cayendo al interior de la nave. Como consecuencia del impacto sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y perdió la vida en el acto.
El Ministerio Fiscal argumenta que el siniestro se originó por un “inadecuado diseño de la tarea”, al no contemplarse en la evaluación de riesgos los trabajos en altura sobre la cubierta y establecerse únicamente medidas preventivas de carácter genérico, sin referencia específica a este tipo de intervención.
La acusación pública sostiene que los dos responsables de la mercantil, en su condición de administradores, conocían perfectamente el peligro inherente a trabajar sobre una cubierta situada a más de ocho metros del suelo y, aun así, permitieron que se llevaran a cabo los trabajos sin las medidas de protección adecuadas.
En consecuencia, la Fiscalía interesa para cada uno de los acusados la imposición de un año de prisión por el delito de riesgo contra la seguridad de los trabajadores y de un año y seis meses adicionales por el delito de homicidio por imprudencia grave.
En el ámbito de la responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal reclama indemnizaciones para la viuda y los dos hijos menores del trabajador fallecido.
En concreto, la acusación solicita 177.620 euros para la esposa, 184.844 euros para el hijo y 151.178 euros para la hija, cantidades ya incrementadas en un 30% en atención al delito de riesgo contra la seguridad de los trabajadores.
Asimismo, pide 57.044 euros para cada uno de los progenitores de la víctima y 21.391 euros para cada uno de sus hermanos, de modo que las cuantías recogidas en el escrito de acusación ascienden en total a 670.515 euros, señalando a la entidad mercantil como responsable civil subsidiaria.