La Comisión Europea ha advertido este miércoles a España de que vulnera la libre circulación de capitales al someter a tributación a los contribuyentes no residentes por las viviendas que utilizan como residencia habitual en territorio español; y avisa de que llevará el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE si en un plazo de dos meses no se corrige la situación.
Según detalla Bruselas, la legislación española obliga a los ciudadanos extranjeros a pagar impuestos por sus segundas residencias aplicando en el IRPF un 2% sobre su valor catastral, mientras que los contribuyentes con residencia fiscal en España no están sujetos a este impuesto.
El Ejecutivo comunitario entiende que estas disposiciones relativas a la imposición a los contribuyentes no residentes por sus viviendas empleadas como residencia habitual perjudican la libre circulación de trabajadores y la libre circulación de capitales dentro de la Unión.
Los servicios de la Comisión abrieron un procedimiento de infracción contra España en junio de 2025 y, ante la ausencia de avances en la fase inicial del expediente, han decidido ahora remitir un dictamen motivado a las autoridades españolas, otorgándoles un nuevo plazo de dos meses para corregir las irregularidades detectadas.
Si este intercambio no logra resultados, indica el Ejecutivo comunitario en una nota, se pasará a la tercera y última fase del procedimiento de infracción, que consiste en presentar una denuncia formal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).