La Comisión Europea ha remitido un dictamen motivado a Bélgica al considerar que ha vulnerado sus obligaciones en materia de Derecho de la Unión al dar validez a laudos arbitrales entre inversores y Estados vinculados al sistema de energías renovables español. De acuerdo con Bruselas, dichos laudos obligan a España a abonar indemnizaciones a los inversores por las modificaciones introducidas en su esquema de apoyo a las energías renovables.
España puso en conocimiento de la Comisión estos laudos para que fueran examinados conforme a la normativa sobre ayudas de Estado. No obstante, las autoridades belgas procedieron a reconocer los laudos en Bélgica con vistas a su ejecución antes de que la Comisión finalizara su evaluación, lo que, según el Ejecutivo comunitario, generó un “riesgo inminente” de que España se viera forzada a desembolsar las compensaciones.
A juicio de la Comisión, ese reconocimiento incumple la obligación de suspensión contemplada en el artículo 108.3 del Tratado de Funcionamiento de la UE y en la Decisión SA.40348 sobre el sistema de energías renovables español, que impone no ejecutar ayudas potencialmente ilegales hasta que Bruselas emita su decisión.
En opinión del Ejecutivo comunitario, las peticiones de reconocimiento de los laudos suponen un intento de sortear las normas sobre ayudas de Estado, frente al cual Bélgica estaba obligada a reaccionar en virtud del principio de cooperación leal previsto en el artículo 4.3 del Tratado de la UE, en relación con el artículo 108.3 del TFUE y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de arbitraje de inversiones.
La Comisión ya había remitido una carta de emplazamiento a Bélgica en diciembre de 2025, pero las aclaraciones proporcionadas por el país no han bastado para modificar su criterio. A partir de ahora, Bélgica cuenta con un plazo de dos meses para contestar al dictamen motivado y adoptar las medidas oportunas. Si la contestación no resulta convincente, Bruselas podrá elevar el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.