El Gobierno de Canarias y el Estado han formalizado este viernes un acuerdo para poner en marcha un órgano bilateral y paritario que permitirá al archipiélago ser “testigos y partícipe” en las decisiones que afecten a sus ocho aeropuertos, instalaciones consideradas “estratégicas” para la cohesión económica y social de las islas.
Este nuevo órgano estará integrado por ocho representantes, cuatro designados por el Ejecutivo autonómico y otros cuatro por el Gobierno central, que se encargarán de debatir y acordar las cuestiones relativas a la cogestión aeroportuaria. La presidencia será rotatoria cada año entre ambas administraciones, iniciándose el primer ejercicio bajo la dirección del Gobierno de Canarias.
El anuncio se ha realizado en la sede de Presidencia del Gobierno, con la participación del ministro Ángel Víctor Torres y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, acompañados por el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, y el consejero de Obras Públicas, Movilidad y Transportes, Pablo Rodríguez, entre otros cargos.
En el marco de esta comisión bilateral se ha cerrado también el traspaso de medios materiales para que, a partir de enero de 2027, Canarias ejerza competencias sobre los aeródromos y helipuertos que no están catalogados de interés general.
En concreto, se incluyen los aeródromos de Antigua, en Fuerteventura, y El Berriel, en Gran Canaria, así como los helipuertos de Artenara, Hospital Universitario Insular y Puerto de Las Palmas; Adeje, Hospital Universitario de Canarias, Hospital de La Candelaria y La Guancha; San Sebastián de La Gomera y Puntagorda, en La Palma.
El traspaso, fijado para el 1 de enero de 2027, permitirá al Ejecutivo canario asumir tareas de planificación, autorización, construcción, modificación y apertura al tráfico aéreo de estas infraestructuras, siempre respetando las competencias que siguen reservadas al Estado.
El acuerdo contempla, además, la creación de una comisión de seguimiento con composición paritaria, formada por tres representantes de cada una de las administraciones.
Un acuerdo “relevante” para el autogobierno
Ángel Víctor Torres ha subrayado el carácter “relevante” de este pacto, que se cierra en la última comisión bilateral de la legislatura tras “tres años de reuniones” con Canarias. “Cuando hablamos de traspasos, hablamos de acuerdos. Solo en estos tres años y medio, nos acercamos a los 40 traspasos con las comunidades autónomas”, ha señalado.
“Creemos en el autogobierno, en la cogobernanza, y en las singularidades de los territorios”, ha recalcado el ministro, que ha puesto el acento en la “complejidad” de la negociación hasta alcanzar un consenso que atienda las particularidades de Canarias, con ocho aeropuertos “muy relevantes para el país”.
Desde el Ejecutivo autonómico, el consejero Pablo Rodríguez ha valorado que se pueda dar “cumplimiento” al Estatuto de Autonomía de Canarias, que desde 2018 ya preveía la participación del archipiélago en la gestión y planificación de los aeropuertos de interés general.
“Este acuerdo es importante porque afecta directamente a nuestro principal sector económico, y también porque es la única forma o una de las únicas formas que tenemos para movernos desde Canarias hacia el exterior, y, por tanto, juega un papel de cohesión territorial y social fundamental”, ha resaltado Rodríguez.
De simples “testigos” a protagonistas
El consejero ha precisado que “lo que se busca” ya no es “ser simplemente testigo de lo que pasa en los aeropuertos, sino también protagonista en la planificación y la gestión aeroportuaria” en las islas.
“Tenemos una de las redes de aeropuertos más rentables de todo el Estado, y ahora lo que vamos a lograr con esto es que esa rentabilidad que tiene la red de aeropuertos se traduzca en mejores servicios, en mejores aeropuertos, en mejores infraestructuras y en la mejora de la conectividad del archipiélago”, ha añadido.
Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha valorado el entendimiento alcanzado con el Gobierno central, pese a la “voluntad centralista” del Estado, al que, según ha dicho, “cuesta” ceder competencias.
Ha remarcado el trabajo realizado para poder firmar el que considera “un gran acuerdo” que permitirá a Canarias “avance” en su capacidad de autogobierno, incidiendo en unas infraestructuras clave para su principal motor económico, el turismo, y determinantes para la movilidad de la ciudadanía canaria.
Una vez que el órgano bilateral comience a funcionar junto al Estado, una de las prioridades del Ejecutivo regional será supervisar el cumplimiento del Documento de Regulación Aeroportuaria 2027-203 (Dora III), considerado el “mayor” paquete inversor negociado para Canarias.
Funciones del nuevo órgano aeroportuario
El Órgano Bilateral Aeroportuario Canarias-Estado fija un marco estable de participación de la comunidad autónoma en la planificación de los aeropuertos de interés general.
Entre sus cometidos estará recabar las propuestas del Gobierno de Canarias antes de la redacción de los planes directores y emitir informes preceptivos sobre dichos documentos antes de que sean aprobados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, según ha explicado el Ejecutivo regional.
También intervendrá en la elaboración del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), que determina las inversiones de Aena para cada periodo de cinco años.
Canarias podrá así trasladar sus prioridades en materia de conectividad e inversiones, participar en la preparación del documento y emitir un informe preceptivo, incluyendo los aspectos que influyen en el cálculo de las tarifas aeroportuarias.
Además, tendrá acceso a las revisiones anuales de las tarifas y al seguimiento de la ejecución de las inversiones aprobadas, con la posibilidad de establecer mecanismos específicos de control del DORA III 2027-2031 y de los periodos posteriores.
Evaluación de la conectividad y calidad del servicio
El órgano estará facultado para analizar las necesidades de conectividad del archipiélago, impulsar nuevas rutas nacionales e internacionales y tratar cuestiones vinculadas con la calidad del servicio, la sostenibilidad y la intermodalidad entre aeropuertos y otros medios de transporte.
Las reuniones ordinarias se celebrarán con carácter trimestral, aunque cualquiera de las partes podrá solicitar encuentros extraordinarios, que deberán convocarse en un plazo máximo de quince días.
Ninguna de las administraciones tendrá capacidad de veto para impedir que se incluyan en el orden del día asuntos relacionados con las funciones del órgano. Las decisiones se adoptarán por consenso y, si persisten discrepancias en los informes, se harán constar las posiciones de ambas partes.