El presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), Antoni Cañete, ha reclamado que se aceleren los trabajos sobre el reglamento europeo contra la morosidad tras mantener una reunión con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En este contexto, ha reiterado la necesidad de introducir sanciones realmente disuasorias y de contar con una normativa que castigue con claridad el incumplimiento de los plazos legales de pago.
En el encuentro privado con Von der Leyen, Cañete le ha expuesto que la morosidad constituye una de las mayores amenazas para la liquidez, la competitividad y la supervivencia de miles de pymes y autónomos, tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea, y ha pedido que se actúe con determinación.
Durante la reunión, Cañete, que también preside Pimec y ocupa la vicepresidencia de SME United, ha remarcado que la lucha contra la morosidad debe seguir figurando entre las prioridades de la agenda comunitaria, al tratarse de un factor clave para la estabilidad del tejido empresarial.
En esta línea, la PMcM ha expresado su reconocimiento a que las instituciones europeas mantengan este asunto dentro de su programa de prioridades. A la vez, Cañete ha valorado de forma positiva el compromiso expresado por la presidenta Von der Leyen de colaborar estrechamente con los Estados miembros para alcanzar los acuerdos necesarios que permitan sacar adelante una regulación clara y efectiva que ponga fin a esta práctica.
“Trasladar directamente a la presidenta de la Comisión Europea la realidad que sufren miles de pymes y autónomos por culpa de la morosidad es una oportunidad de enorme relevancia institucional. Agradecemos profundamente la sensibilidad y el compromiso de Ursula von der Leyen con un problema que afecta al corazón de la economía productiva europea”, ha afirmado Cañete.
El máximo responsable de la PMcM ha recalcado que la morosidad va mucho más allá de un simple asunto administrativo o financiero, y que se ha convertido en un problema estructural que empuja a numerosas pequeñas empresas a actuar como financiadoras involuntarias de grandes corporaciones y de las propias administraciones públicas.
“No podemos normalizar que quienes cumplen, trabajan y generan valor tengan que soportar retrasos sistemáticos en los pagos. La morosidad destruye liquidez, frena inversiones, limita el crecimiento y castiga especialmente a quienes tienen menor capacidad financiera”, ha señalado.
España, ante la opción de corregir una “anomalía normativa”
La PMcM ha recordado en un comunicado que la Comisión Europea ha iniciado un nuevo procedimiento de infracción contra España por no adaptar plenamente su marco legal a las normas comunes sobre morosidad ni a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a la puntualidad de los pagos en el comercio minorista.
Ante este escenario, la plataforma ha instado al Gobierno de España a aprovechar este requerimiento comunitario para subsanar con rapidez las carencias de la legislación nacional sobre plazos de pago en el sector minorista. A juicio de la entidad, mantener vacíos o ambigüedades en la regulación genera inseguridad jurídica y abre la puerta a comportamientos incompatibles con una cultura empresarial equitativa, competitiva y respetuosa con pymes, autónomos y subcontratistas.