La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) considera que la Agencia Tributaria atraviesa "la peor crisis de su historia" y reclama una profunda reforma de su funcionamiento para garantizar su independencia del poder político y reforzar la lucha contra el fraude. Entre sus propuestas figuran la creación de una policía fiscal especializada en delitos económicos, una Oficina Nacional Antifraude y una dirección de la AEAT elegida por las Cortes Generales.
Estas han sido algunas de las principales conclusiones del XXXVI Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado, celebrado este jueves y viernes en Toledo, bajo el lema Una Administración tributaria para los ciudadanos.
Este diagnóstico, recogido en el informe presentado durante las jornadas, al que ha tenido acceso DEMÓCRATA durante el seguimiento del congreso, va más allá de las necesidades de personal y financiación. La asociación cuestiona la influencia política sobre la institución, la inestabilidad de sus responsables y un sistema de objetivos que, a su juicio, favorece la acumulación de actuaciones administrativas frente a las investigaciones complejas del fraude.
Durante el encuentro, la presidenta de IHE, Ana de la Herrán Piñar, remarcó su preocupación por el funcionamiento de las administraciones públicas. En su intervención inaugural aludió al "abandono y la desidia" que, a su juicio, afectan a las instituciones y defendió la necesidad de reforzar su funcionamiento y la responsabilidad de quienes las dirigen. También recordó a Antonio Montero, inspector de Hacienda fallecido en el accidente ferroviario de Urda, y expresó sus condolencias a las víctimas y sus familiares.
Además, los inspectores advierten de un "riesgo real" de que la Agencia deje de existir tal y como se conoce actualmente, una preocupación que vinculan, entre otras cuestiones, a los compromisos para transferir competencias tributarias a Cataluña.
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Quince directores generales en casi 35 años
La independencia institucional ocupa un lugar central en las reivindicaciones de IHE. La asociación recuerda que la Agencia Tributaria ha tenido quince directores generales en casi 35 años, con una permanencia media de poco más de dos años. En uno de esos periodos llegó a contar con cuatro responsables en apenas dos años, circunstancia que provocó más de 300 ceses y nombramientos en puestos de libre designación.
Los inspectores cuestionan también que más del 50 % de los puestos ocupados por miembros de este cuerpo se cubran mediante libre designación.
Para corregir esta situación, proponen que el director general de la Agencia sea nombrado por las Cortes Generales por mayoría cualificada, con un mandato de cinco años, renovable una sola vez, y causas de cese tasadas.
El modelo incluiría una comparecencia anual ante el Parlamento para rendir cuentas sobre los resultados, los recursos y el cumplimiento de los planes estratégicos. También supondría desvincular la dirección de la Agencia de la Secretaría de Estado de Hacienda, que actualmente ejerce su presidencia.
Los episodios de utilización política que denuncian los inspectores
El informe dedica un apartado a los episodios que, según IHE, han deteriorado la reputación de la Administración tributaria.
Entre ellos menciona la amnistía fiscal de 2012, anulada posteriormente por el Tribunal Constitucional; los ceses y dimisiones registrados en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes en 2013; y distintas controversias relacionadas con la divulgación de información tributaria reservada.
También recoge las declaraciones públicas realizadas en 2024 por la entonces ministra de Hacienda sobre la situación fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, que la asociación relaciona con el deber de reserva establecido en el artículo 95 de la Ley General Tributaria.
IHE cuestiona igualmente la falta de explicaciones técnicas en determinados asuntos. Como ejemplo, recuerda la comparecencia de una anterior directora de la Agencia ante una comisión del Senado, donde atribuyó a un "error inexplicable" la ausencia de comprobaciones tributarias a una persona investigada del entorno de un expresidente del Gobierno.
Nueve de cada diez ciudadanos creen que existe mucho fraude fiscal
Los inspectores incorporan a su diagnóstico los resultados de las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas sobre opinión pública y política fiscal.
Según los datos correspondientes a 2025 recogidos en el informe, el 90,1 % de los ciudadanos considera que en España existe mucho o bastante fraude fiscal. Sin embargo, únicamente el 43,7 % cree que la Administración realiza muchos o bastantes esfuerzos para combatirlo.
La asociación señala que esta percepción se mantiene desde hace años. Entre 2006 y 2025, el porcentaje de ciudadanos que consideraban elevado el fraude nunca descendió del 82 %.
IHE cuestiona también determinadas prácticas sancionadoras de la AEAT. Sostiene que durante años se han impuesto sanciones de forma prácticamente automática, especialmente desde el área de Gestión, sin acreditar suficientemente la culpabilidad del contribuyente, lo que ha dado lugar a resoluciones y sentencias favorables a los afectados.
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Más de medio millón de controles de Gestión frente a 9.141 de Inspección
Una de las principales críticas del documento afecta a la distribución de las actuaciones de control tributario.
En 2024 se programaron 524.239 actuaciones de control sobre actividades económicas: 515.098 correspondieron al área de Gestión y 9.141 a Inspección.
IHE considera que esta distribución refleja un modelo que ha reforzado las comprobaciones administrativas mientras mantiene limitaciones para investigar el fraude más complejo.
La asociación cuestiona que los equipos deban cumplir objetivos cuantitativos y plazos internos que, según denuncia, dificultan la investigación de grandes tramas.
El informe recuerda que el grado de cumplimiento de los objetivos de control del fraude tributario y aduanero alcanzó el 136,91 % en 2025, aunque sostiene que estos indicadores no permiten conocer si las actuaciones se concentran en las conductas de mayor riesgo fiscal.
Para modificar el modelo, propone crear un Departamento de Control Tributario y Aduanero que integre las facultades de comprobación actualmente repartidas entre Gestión, Inspección y Aduanas.
Una policía fiscal y nuevas medidas contra la corrupción
IHE reclama crear una Oficina Nacional Antifraude, especializada en fraude fiscal organizado, contrabando y blanqueo de capitales, de la que dependería una policía fiscal constituida a partir de las unidades operativas del Servicio de Vigilancia Aduanera.
La asociación propone dotarla de funciones de policía judicial para investigar delitos fiscales, de contrabando y otros de carácter económico.
Entre las reformas legales que plantea figuran actuaciones de investigación sin identificación previa, con garantías, y un plan especial y permanente de inspección de representantes y partidos políticos.
También reclama facilitar el acceso a determinadas declaraciones patrimoniales de cargos públicos, reforzar la Fiscalía Anticorrupción con personal especializado y establecer un régimen específico para determinados defraudadores.
Este último incluiría un registro especial y medidas como la revocación del NIF y el cierre registral de sociedades, una fórmula que el documento denomina "muerte civil".
Cataluña: Hacienda niega que quiera fragmentar la Agencia Tributaria
El acuerdo político para avanzar hacia un modelo de financiación singular en Cataluña ha sido otro de los asuntos centrales del congreso.
IHE considera que la transferencia de competencias y medios de la AEAT a la administración tributaria catalana perjudicaría la investigación del fraude y la igualdad de los contribuyentes.
La asociación establece tres condiciones que considera irrenunciables: un sistema único de información tributaria, una caja única para gestionar retenciones y pagos fraccionados y un control integrado de las actividades económicas.
Estas advertencias tuvieron respuesta durante la inauguración del encuentro. El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, defendió una Agencia Tributaria reforzada y "nunca fragmentada", frente a las preocupaciones expresadas por los inspectores sobre las posibles consecuencias de las cesiones tributarias a Cataluña.
Gascón también trasladó su respaldo a los funcionarios frente a los ataques dirigidos contra el cuerpo y rechazó que la modernización de los procesos de selección deba traducirse en una reducción de las exigencias formativas.
La asociación, por su parte, propone como alternativa a la fragmentación un Consejo Asesor de la Agencia Tributaria en el que participen las administraciones que comparten los ingresos recaudados.
Menos plantilla que en 2009 y nuevas herramientas de inteligencia artificial
El documento aborda finalmente los recursos humanos y la modernización tecnológica.
La Agencia contaba con 27.226 empleados en 2025, todavía por debajo de su plantilla de 2009. Su Plan Estratégico 2024-2027 prevé alcanzar los 29.376 efectivos al finalizar ese periodo, mientras IHE reclama aproximar progresivamente la dotación de personal a la media europea.
La asociación defiende asimismo una financiación estable y plurianual y una reorganización de los efectivos para dedicar más recursos a las investigaciones complejas.
En materia tecnológica, propone incorporar herramientas de inteligencia artificial al trabajo cotidiano de los funcionarios para analizar operaciones, detectar anomalías contables y reconstruir relaciones entre sociedades, siempre con supervisión humana y resultados verificables.
Las propuestas presentadas en Toledo se dirigen al Gobierno, al Parlamento, a la dirección de la Agencia Tributaria y a la Secretaría de Estado de Hacienda. IHE reclama un nuevo estatuto, una dirección independiente, más medios y un modelo de control que conceda mayor prioridad a la investigación del fraude grave y organizado.