El Comité de empresa de la planta de Amurrio (Álava) de Tubos Reunidos ha reclamado formalmente mantener una reunión urgente con responsables de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y del Ministerio de Hacienda. A su juicio, la postura de ambos organismos, junto con la de la Abogacía del Estado, al exigir a la compañía la devolución total de la deuda "está suponiendo un obstáculo y un lastre" para la continuidad de los proyectos industriales y de las factorías del grupo.
El órgano que representa a la plantilla de la factoría alavesa ha remarcado en un comunicado que la misión de la SEPI es "contribuir al mantenimiento de la actividad empresarial, preservar sectores estratégicos y proteger el empleo".
En esta línea, ha señalado que "la negligencia y la mala praxis de la dirección de Tubos Reunidos no puede suponer que [la empresa] no tenga futuro, y que se puedan perder casi 1.400 puestos de trabajo, 900 de ellos en Amurrio".
Ante este escenario, el Comité ha reiterado la necesidad de celebrar, con carácter "urgente", un encuentro con los máximos responsables de la SEPI y del Ministerio de Hacienda del Gobierno de España para abordar la situación y sus posibles soluciones.