El Pleno del Congreso ha rechazado este miércoles cinco iniciativas en materia de vivienda presentadas por el Gobierno de PSOE y Sumar y, de forma simultánea, ha dado luz verde a otras tres planteadas por el PP, evidenciando las dificultades del Ejecutivo para sacar adelante su agenda en este ámbito en la Cámara Baja.
En detalle, el Congreso ha debatido tres grandes bloques: dos proposiciones no de ley de PSOE y Sumar, centradas en reforzar el control de los procesos de adjudicación de vivienda protegida y en endurecer la fiscalidad frente a la compra especulativa de inmuebles, respectivamente, y una moción consecuencia de interpelación urgente del PP que agrupaba varias medidas para acelerar la construcción de vivienda.
PNL del PSOE sobre vivienda de protección oficial
La primera votación ha correspondido a la proposición no de ley del PSOE sobre vivienda de protección oficial. PNV y Junts ya habían manifestado sus reticencias al texto al entender que los socialistas pretendían invadir competencias que hoy corresponden a las comunidades autónomas.
Ante este escenario, el PSOE ha optado por fraccionar la votación por apartados para evitar que la iniciativa decayera por completo. Ha sometido así a votación tres puntos: que los procedimientos de adjudicación de vivienda protegida sean claros y objetivos; que la vivienda protegida se destine “exclusivamente” a residencia habitual; y que se detalle el suelo disponible de titularidad de la Administración y de sus entes dependientes o adscritos que cuente con potencial edificatorio.
Estos tres apartados han salido adelante con el único voto en contra de Vox y la abstención del PNV en las tres votaciones. El PP se ha abstenido en el punto relativo a exigir procedimientos claros y objetivos en la adjudicación y ha apoyado los otros dos.
El resto del texto, sin embargo, se ha sometido a una única votación conjunta y ahí el Gobierno no ha logrado los apoyos necesarios. PP, Vox y Junts han votado en contra, mientras que PNV, UPN y Coalición Canaria se han abstenido, arrojando un resultado final de 164 votos a favor, 175 en contra y 7 abstenciones.
La parte rechazada de la propuesta reclamaba, entre otras cuestiones, que las viviendas protegidas mantuvieran ese régimen de forma indefinida y no pudieran desclasificarse, la creación de registros públicos de demandantes de vivienda protegida y el desarrollo de mecanismos de supervisión y control para detectar posibles irregularidades.
Sin apoyo del Congreso para endurecer la fiscalidad de las socimis
La siguiente iniciativa sometida a votación, que tampoco ha prosperado, ha sido una proposición no de ley de Sumar que en su redacción inicial planteaba suprimir las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (socimis) y prohibir la compra de viviendas por parte de “personas jurídicas, empresas y fondos buitre”.
Esa redacción inicial fue modificada tras una enmienda transaccional pactada con el PSOE, por la que el socio minoritario del Gobierno aceptaba reconducir la propuesta para instar al Ejecutivo a introducir cambios legales que permitan fijar límites a la adquisición de bienes inmuebles por distintas vías, en función del territorio y del tipo de adquirente, con el objetivo de frenar la compra especulativa.
Al mismo tiempo, la proposición reclamaba impulsar una reforma fiscal “progresista” que mejorara el trato a las rentas del trabajo y eliminara los beneficios fiscales de las rentas del capital, en particular de vehículos específicos como las socimis.
El Congreso ha rechazado estas peticiones con los votos en contra de PP, Vox y UPN, la abstención de Junts y Coalición Canaria y el respaldo del resto del hemiciclo. El marcador final ha sido de 169 votos a favor, 170 en contra y 8 abstenciones.
El Congreso respalda todas las medidas del PP en vivienda
En la última parte del debate, la Cámara Baja ha votado los cinco puntos incluidos en una moción del PP sobre vivienda, de los cuales tres han sido aprobados pese al voto en contra del PSOE.
Entre las medidas respaldadas figura una para acelerar la construcción de viviendas mediante la aplicación del silencio administrativo positivo, de forma que, si la Administración no responde dentro del plazo fijado a las solicitudes de construcción, estas se consideren automáticamente aceptadas.
Asimismo, se insta a reorientar de arriba abajo la política de vivienda del Gobierno, con actuaciones dirigidas a incrementar la oferta de vivienda, reforzar la seguridad jurídica y reducir la burocracia “asfixiante”. Al mismo tiempo, se pide evitar medidas “propagandísticas vacías” y rebajar el IVA de la vivienda nueva y de la rehabilitación al 4%, además de introducir otras deducciones que faciliten el acceso al alquiler.
Por último, el Congreso reclama agilizar los trámites para la conexión al sistema eléctrico de nuevas promociones o rehabilitaciones energéticas, dando prioridad a aquellas promociones o proyectos de rehabilitación de vivienda asequible en zonas con elevada demanda.
Tanto las iniciativas impulsadas por el Gobierno como las del PP carecen de efectos normativos directos y se limitan a constituir mandatos políticos o llamamientos al Ejecutivo para que actúe en la dirección señalada por el Congreso.