El Gobierno da luz verde al decreto de centros de datos y evita un sobrecoste de 5.000 millones en la luz

El Gobierno regula los centros de datos para blindar precios de la luz, exigir renovables y garantizar soberanía digital ante un fuerte auge del sector.

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La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen Carlos Luján - Europa Press
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El Consejo de Ministros ha respaldado este viernes el real decreto que regula los centros de datos en España, una normativa promovida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico junto al de Economía y Transformación Digital, con la que el Ejecutivo culmina este marco legal antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

La vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, ha sido la encargada de anunciar la medida y de advertir de que, sin este marco regulatorio, la expansión de estas infraestructuras habría supuesto un sobrecoste de 5.000 millones de euros en la factura eléctrica y un incremento del 25% en el recibo de la industria.

Aagesen ha defendido que España es un país "pionero" --"a nivel mundial no existe otra referencia", ha afirmado-- y ha admitido que estos desarrollos despiertan "numerosas inquietudes" y "preocupaciones legítimas" en torno al uso de energía y agua, así como al impacto en los precios y en el coste de los servicios públicos.

"Estamos a tiempo de que esas situaciones que se han vivido en países de nuestro entorno y al otro lado del Atlántico no puedan impactar igual en nuestro tejido productivo, en nuestros consumidores y en nuestros territorios", ha subrayado.

El decreto obliga a que los 'data centers' acrediten que el 80% de su consumo anual procede de autoconsumo o de contratos a plazo con instalaciones renovables puestas en marcha como máximo 18 meses antes que el propio centro, y fija una senda gradual hasta 2032 para cumplir con la correlación horaria, es decir, que el consumo se ajuste a la hora de generación verde.

Con ello, el Gobierno rebaja las condiciones del borrador inicial --tras recibir más de 600 alegaciones, críticas del sector y un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que reclamaba relajar las obligaciones-- para evitar frenar el flujo de inversiones.

Régimen transitorio hasta 2032 y desconexión en picos de tensión

La regulación se articula en torno a dos grandes ejes, sostenibilidad y soberanía digital, y mantiene el objetivo del 80% de adicionalidad renovable, aunque introduce más margen para tecnologías como la fotovoltaica. También conserva la exigencia de que el consumo coincida con la generación renovable con la finalidad de "que el sistema no se tensione, es decir, que el precio sobre los consumidores no quede tensionado a la vista del gran consumo".

Para los proyectos que entren en funcionamiento a corto plazo se establece un régimen transitorio opcional que prevé la desconexión del centro en caso de tensión en la red eléctrica.

Quienes opten por este esquema deberán cumplir una correlación horaria creciente en las horas punta: comenzarán en el 60%, pasarán al 70% en 2029 y, "a partir del 1 de enero del año 2032, absolutamente todos y cada uno de los centros de datos tendrá que cumplir con el 80% de adicionalidad y con la correlación horaria siempre", ha remarcado la vicepresidenta.

Etiqueta “A” en agua y eficiencia adaptada al clima

En el ámbito del agua, todos los nuevos centros estarán obligados a alcanzar la etiqueta europea 'A', lo que implica "un consumo casi nulo" de 0,1 litros por kilovatio.

Asimismo, se exigirá la máxima calificación de eficiencia energética ('A'), pero ajustada a las necesidades de refrigeración de cada región climática, para tener en cuenta las diferencias de temperatura entre zonas del país.

En cuanto al bloque de soberanía digital, el decreto incorpora mecanismos de supervisión para asegurar que los datos se mantengan dentro de España y del Espacio Económico Europeo, restringiendo el acceso desde terceros países.

"Los centros de datos tienen en su mano una oportunidad de oro para demostrar que pueden llegar a los distintos países ofreciendo algo de valor", ha señalado Aagesen.

15 GW autorizados equivalen al 40% del consumo punta

La vicepresidenta ha destacado que el desarrollo del sector ha superado con creces las previsiones de la Estrategia de Inteligencia Artificial de 2024, que calculaba menos de 4 gigavatios (GW) instalados para 2030.

En estos momentos existen 15 GW con permisos de acceso concedidos (seis en la red de transporte y nueve en distribución), equivalentes a "prácticamente el 40% del consumo pico" nacional, a los que se suman otros 20 GW en tramitación.

Para justificar la urgencia del decreto, Aagesen ha aludido a las "tensiones de distinto calado" que se han producido en mercados saturados por este tipo de instalaciones, como Irlanda --donde concentran el 23% del consumo eléctrico y "dijeron ni un centro de datos más"--, Países Bajos (5%) y 15 estados de Estados Unidos.