El Gobierno ha introducido cambios en la Ley de Contratos del Sector Público para que el incumplimiento grave de las obligaciones de igualdad y transparencia retributiva por parte de las empresas adjudicatarias pueda ser motivo de extinción de contratos y concesiones públicas.
Esta novedad figura en el Real Decreto-ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros para adaptar dos directivas laborales europeas y publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), entrando en vigor este jueves, 19 de noviembre.
En detalle, la reforma añade una nueva letra al artículo 211 de la Ley de Contratos del Sector Público que permite la resolución del contrato cuando se acredite, mediante resolución administrativa o judicial firme, la existencia de discriminación retributiva por razón de sexo que afecte a los trabajadores adscritos a su ejecución, o cuando se produzca un incumplimiento reiterado de las obligaciones de transparencia retributiva previamente constatado y requerido de subsanación por el órgano de contratación sin haberse corregido en plazo.
El procedimiento para extinguir el contrato podrá iniciarse de oficio por el órgano de contratación o a petición de la representación legal de los trabajadores de la empresa adjudicataria, garantizándose en todo caso la audiencia previa del contratista y de los representantes sindicales, así como la valoración de la gravedad, la persistencia y el número de personas afectadas.
Además, los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán contemplar sanciones económicas proporcionadas ante estos incumplimientos.
Junto con esta medida, el texto publicado en el BOE incorpora otras modificaciones que no se detallaron tras el Consejo de Ministros, entre ellas la ampliación a tres años del plazo de prescripción para reclamar por vulneraciones del derecho a la igualdad y no discriminación en materia salarial, computados desde que cese la situación discriminatoria, y la extensión del derecho a pedir información retributiva por escrito a quienes hayan dejado de trabajar en la empresa, siempre que lo soliciten dentro del año siguiente a su cese.
Asimismo, se establece un calendario gradual para que las empresas de 50 o más empleados comuniquen por primera vez los datos sobre brecha salarial de género a la nueva Comisión para el seguimiento de la transparencia retributiva: las compañías con 150 o más trabajadores deberán remitirlos antes del 8 de junio de 2027, mientras que las de entre 50 y 149 empleados tendrán de plazo hasta el 8 de junio de 2031.
Después de ese primer envío, la comunicación será anual para las plantillas de 250 o más personas y cada tres años para las de entre 50 y 249.
El paquete laboral también refuerza el régimen sancionador de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) al pasar de leve a grave la falta de información al trabajador sobre los elementos esenciales del contrato, el incumplimiento de las obligaciones relativas a los planes de igualdad o al registro retributivo y el no facilitar a los candidatos la información exigida, elevando el máximo de las multas de 750 a 7.500 euros.
Igualmente, se califican como infracciones muy graves las decisiones empresariales que supongan un trato desfavorable como represalia ante una reclamación extrajudicial o judicial, la solicitud de datos prohibidos o personales en procesos de selección y las decisiones discriminatorias en el acceso al empleo.
PROHIBIDO PREGUNTAR POR EL SUELDO PREVIO EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN
En materia de transparencia retributiva, el Real Decreto-ley reconoce el derecho individual a solicitar y recibir por escrito, en un plazo máximo de dos meses, información sobre la retribución propia y sobre las retribuciones medias -en términos anuales y por hora, desglosadas por sexo y por complementos- de quienes realicen el mismo trabajo o uno de igual valor.
Si los datos fueran inexactos o estuvieran incompletos, el trabajador podrá pedir aclaraciones y recibir respuesta motivada en un plazo de 15 días.
La información ajena obtenida no podrá utilizarse para fines distintos del ejercicio del derecho a la igualdad retributiva y se declaran nulas las cláusulas contractuales que impidan al trabajador divulgar su propio salario.
Las empresas deberán recordar cada año a su plantilla el derecho a solicitar estos datos y tendrán que justificar en el registro salarial las brechas entre sexos cuando alcancen el 25% en empresas de al menos 50 trabajadores o el 5% en las de 100 o más empleados.
En el acceso al empleo, tanto en el sector privado como en las Administraciones Públicas, las ofertas deberán indicar la retribución inicial del puesto y el convenio colectivo de referencia, las vacantes y denominaciones deberán ser neutras en cuanto al género y quedará prohibido preguntar a los aspirantes por su historial salarial.
También se impone la obligación de garantizar la ausencia de discriminación en los procesos de selección basados en algoritmos y la accesibilidad para personas con discapacidad.
Por otro lado, la reforma introduce por primera vez una garantía de indemnidad explícita en el Estatuto de los Trabajadores, protegiendo el derecho a no sufrir tratos desfavorables o represalias por reclamar derechos laborales y declarando nulas tanto las órdenes de discriminar como las decisiones adoptadas como reacción frente a reclamaciones ante la empresa o a actuaciones administrativas o judiciales.
DERECHO A CONCURRIR A PUESTOS DE MAYOR CATEGORÍA
En el ámbito de las condiciones previsibles, la norma amplía el deber empresarial de informar por escrito sobre los elementos esenciales del contrato, tanto al trabajador como a su representación legal, a todas las relaciones laborales con independencia de su duración, eliminando el umbral previo de cuatro semanas. Para los contratos inferiores a ese plazo ya vigentes, la empresa dispondrá de diez días hábiles desde la solicitud del empleado.
También se fija un preaviso mínimo de tres días para conocer el día y la hora de realización de las horas complementarias pactadas, salvo que el convenio establezca un plazo inferior.
Si este requisito no se cumple, el trabajador podrá rechazar la tarea sin consecuencias desfavorables y, en caso de que la empresa cancele total o parcialmente esas horas, mantendrá el derecho a percibir la retribución correspondiente a las horas no efectuadas.
En cuanto al periodo de prueba, se establece un máximo de seis meses para técnicos titulados y de dos meses para el resto de la plantilla (tres meses en empresas de menos de 25 trabajadores), salvo ampliación justificada en convenio colectivo. En los contratos temporales de seis meses o más, el periodo de prueba no podrá superar un mes, reduciéndose de forma proporcional en los de menor duración.
Asimismo, el nuevo artículo 21 bis del Estatuto de los Trabajadores unifica el derecho a conocer las vacantes disponibles y a solicitar el paso a puestos más previsibles, seguros o a tiempo completo, exigiendo seis meses de antigüedad para los supuestos generales, y obliga a la empresa a contestar de forma motivada y por escrito en el plazo máximo de un mes, o de tres meses cuando la plantilla sea de hasta diez trabajadores.
Finalmente, el decreto-ley prohíbe impedir o restringir que el trabajador tenga otro empleo en paralelo para otras empresas, salvo por causas objetivas como salud y seguridad, confidencialidad o conflictos de intereses, y sin perjuicio de los pactos de plena dedicación compensados. Además, crea la Comisión para el seguimiento de la transparencia retributiva como órgano tripartito adscrito al Ministerio de Trabajo, que se apoyará en actuaciones de apoyo y formación a través de Fundae para facilitar la adaptación de las pymes.