El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico quiere impulsar con más fuerza la inversión en eficiencia energética mediante la puesta en marcha de subastas de ahorro de energía, concebidas como instrumento adicional al actual Sistema de Certificados de Ahorro de Energía (CAE).
Esta iniciativa figura en el proyecto de Real Decreto que modifica el Real Decreto 36/2023, de 24 de enero, por el que se regula el sistema de Certificados de Ahorro Energético, sometido a consulta pública hasta el próximo 23 de septiembre. La reforma persigue adecuar el Sistema Nacional de CAE a la Directiva europea (UE) 2023/1791 sobre eficiencia energética y reforzar la operativa, la transparencia y las labores de control e inspección de este mercado.
Desde su puesta en marcha hace apenas tres años, el Sistema de CAE ha registrado un desarrollo muy intenso. En este tiempo se han presentado más de 9.400 solicitudes de certificados, de las que alrededor de 7.000 han sido aprobadas -con más de 1.300 aún en tramitación-, vinculadas a un volumen de ahorro verificado superior a 7.700 gigavatios hora (GWh).
La principal novedad del texto normativo es la creación de un esquema de subastas de ahorro de energía destinado a dirigir la inversión hacia proyectos específicos. Se priorizarán determinadas tecnologías, como la movilidad eléctrica; ciertas tipologías de actuaciones, como la rehabilitación integral de bloques residenciales; colectivos concretos, como pymes o población vulnerable; o intervenciones que reduzcan de forma muy significativa las emisiones de carbono, siempre que impliquen ahorro energético, según indicó el Ministerio.
DOS TIPOS DE SUBASTAS
Para articular este mecanismo, Transición Ecológica plantea dos modalidades: las subastas de compromisos de ahorro energético y las subastas de necesidades de ahorro energético, abiertas tanto a los sujetos obligados como a los sujetos delegados del sistema de CAE.
En cada convocatoria se definirán los productos a subastar, que se adjudicarán mediante el procedimiento “pay as bid”, de forma que el adjudicatario obtendrá el volumen de ahorro energético y la contraprestación económica ofertada.
En las subastas de compromisos de ahorro energético se subastará una prima económica, adicional al valor de los CAE generados por la actuación adjudicada. Estos certificados podrán comercializarse posteriormente, al igual que el resto de CAE del sistema, hasta su liquidación.
En las subastas de necesidades de ahorro energético, por su parte, se subastará un importe económico asociado a la actuación adjudicada. Los CAE resultantes se computarán para el cumplimiento de los objetivos nacionales de ahorro, pero se liquidarán sin opción de venta posterior en el mercado.
El ahorro energético adjudicado en estas subastas será, además, complementario al volumen de ahorro que se asigna anualmente a los sujetos obligados.
En ambos casos se establecerán fases de precalificación y calificación de los participantes. Las subastas serán organizadas por el Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE) y estarán bajo la supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Se fijarán precios de riesgo y de reserva para evitar tanto ofertas temerarias como niveles de coste excesivos.
El departamento encabezado por Sara Aagesen subraya que estas dos modalidades de subasta facilitarán la puesta en marcha de proyectos menos atractivos en el corto plazo por sus largos periodos de retorno económico, además de permitir atender prioridades de política energética o social, reforzando así el sistema de CAE.
Está previsto que las subastas puedan financiarse con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) y/o a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En este contexto, se solicitará a la Comisión Europea la confirmación de que el diseño regulatorio se ajusta a la normativa comunitaria sobre Ayudas de Estado.
El proyecto de Real Decreto también desarrolla, en línea con el Real Decreto-ley 7/2026, una plataforma electrónica integral para el sistema de CAE y actualiza los procedimientos ya vigentes, así como las definiciones, funciones y requisitos aplicables a los distintos agentes que intervienen en este mecanismo.