El Gobierno tiene previsto presentar alegaciones ante la Comisión Europea después de que esta le haya reclamado que aplique de forma adecuada la normativa comunitaria sobre la temporalidad en el empleo público. El Ejecutivo defenderá que las medidas ya puestas en marcha han permitido avances significativos, aunque insistirá en que el grueso de los contratos temporales se concentra en las administraciones autonómicas.
El equipo de Pedro Sánchez adopta esta decisión tras el anuncio de la Comisión, este miércoles, de dar un paso más en los dos procedimientos que mantiene abiertos contra España desde 2014 por la "discriminación de trabajadores temporales" y por el "uso abusivo de estos contratos", con el aviso de que, si no hay correcciones, podrá elevar el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Bruselas detalla las deficiencias detectadas y fija a las autoridades españolas un plazo de dos meses para adoptar medidas correctoras. Si en ese periodo no se producen cambios, la Comisión podrá pasar a la tercera fase del expediente y llevar a España ante la justicia europea.
Fuentes gubernamentales citadas por Europa Press señalan que van a "colaborar" con la Comisión y que remitirán sus alegaciones "en tiempo y forma". En esa documentación, el Ejecutivo subrayará que las reformas impulsadas, en particular la Ley para reducir la temporalidad en las administraciones públicas aprobada en 2021 y ya validada por la Comisión Europea, han empezado a dar frutos.
Según la misma fuente, esta ley "está funcionando" y ha permitido recortar en seis puntos la tasa de temporalidad, "pasando de un 39% en 2023 al 32,7% en la actualidad". El Gobierno sostiene igualmente que España ha cumplido el compromiso adquirido con Bruselas de transformar en empleo fijo "300.000 plazas que antes estaban ocupadas por trabajadores temporales" y que incluso se ha rebasado ese umbral, alcanzando en estos momentos 419.756 plazas estabilizadas.
Temporalidad concentrada en las comunidades autónomas
El Ejecutivo atribuye estas cifras a las "ofertas masivas de empleo" que viene aprobando en los últimos años y recalca que ha sacado una media de "32.522 plazas de empleo público al año entre 2018 y 2025".
En la misma línea argumental, el Gobierno prevé alegar ante Bruselas que el núcleo del problema de la temporalidad en España se localiza en las comunidades autónomas, donde la proporción de empleados temporales se sitúa en torno al 40%. De estas administraciones dependen ámbitos como la educación y la sanidad públicas, tradicionalmente con elevados niveles de contratación temporal. En contraste, la Administración General del Estado registra únicamente un 4,7% de contratos temporales.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo recalca que "tiende la mano" a las CCAA para seguir avanzando en este "objetivo compartido" de reducir la temporalidad en todo el sector público y consolidar más empleo estable.