La Asociación Nacional Española de Distribuidores Automáticos (Aneda) ha solicitado este sábado una rectificación del real decreto de alimentación saludable, alertando de que su aplicación podría suponer la desaparición de unos 2.000 puestos de trabajo en el sector y la pérdida de cerca de 18 millones de euros anuales en cánones en los hospitales.
De acuerdo con los cálculos de la patronal, la actividad de venta automática en centros públicos aporta alrededor de 60 millones de euros al año en concepto de cánones. Sin embargo, la aplicación "estricta" de la nueva regulación recortaría esa cifra en unos 18 millones anuales, de los que ocho millones procederían de hospitales y centros sanitarios y sociosanitarios, poniendo en riesgo unos 2.000 empleos directos e indirectos, según detalla la organización en un comunicado.
Aneda subraya que el sector respalda el objetivo de impulsar una alimentación más saludable, pero advierte de que el borrador del decreto presenta "problemas jurídicos" y "no evalúa su impacto" sobre autónomos y pequeñas empresas.
Por este motivo, reclama al Gobierno que no dé luz verde de forma "precipitada" al "Real Decreto sobre alimentación saludable y sostenible en centros públicos y sociosanitarios", promovido por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y cuya aprobación en el Consejo de Ministros podría producirse de manera "inminente", y le insta a que "mantenga abierto el diálogo para corregir los aspectos" que afectan a la venta automática.
"Una norma aprobada con prisas y con problemas jurídicos que constan en su propia tramitación no va a mejorar la salud de nadie: va a generar litigios, máquinas vacías y menos servicio para quienes más lo necesitan", afirma la directora general de Aneda, Yolanda Carabante.
Carabante reclama que la promoción de la alimentación saludable no se lleve a cabo "a costa de imponer medidas que ignoren la realidad del sector" y recuerda que ya han remitido propuestas técnicas para "mejorar" el texto con el objetivo de que la regulación resulte "viable".
La asociación destaca que en numerosos hospitales, residencias y otros centros públicos las máquinas expendedoras constituyen "el único" servicio de alimentación disponible durante la noche, los fines de semana o en los horarios en los que la cafetería permanece cerrada, y que cumplen "una función complementaria, distinta de la alimentación pautada de pacientes y residentes", algo que, a su juicio, debe considerarse al valorar el alcance de la norma.
Asimismo, cuestiona la "intensidad" de las restricciones previstas, que considera "especialmente difíciles de aplicar" en un modelo de servicio que no opera como una cafetería tradicional ni como un comedor colectivo.
Por otra parte, Aneda reclama que las nuevas obligaciones puedan cumplirse con el parque actual de máquinas, con su configuración de zonas de frío, sistemas de dispensación y capacidad, ya que la adaptación de los equipos, la modificación de los surtidos y el incremento de la frecuencia de reposición implicarían inversiones y costes "significativos". A su entender, los autónomos y pequeños operadores, con menor músculo financiero y presencia en ubicaciones de baja demanda, son quienes "menos margen tienen para asumir" estos cambios.
La organización también advierte de que imponer surtidos alejados de la demanda "real" podría hacer "inviables" numerosos puntos de venta, derivando en máquinas sin producto y licitaciones públicas desiertas. Además, señala la existencia de varios "problemas jurídicos" que deberían corregirse para evitar que la norma pueda ser anulada o que deje a centros y operadores en un escenario de "inseguridad jurídica". Aneda explica que ha remitido a distintos ministerios una nota técnica con propuestas concretas que "resolverían estos problemas sin alterar los objetivos de salud pública del real decreto".
Entre esas propuestas, menciona la ampliación a 24 meses del plazo de adaptación del "vending", tal y como recoge la memoria del proyecto, frente a los 12 meses fijados en el articulado, así como la protección de los contratos actualmente vigentes.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha subrayado recientemente que este real decreto "es probablemente la medida más importante" que le queda a su Departamento por sacar adelante, ha admitido que la iniciativa "genera fuertes resistencias porque hay 'lobbys' que no tienen mucho interés" en que se apruebe y ha reiterado que "la norma esta lista".