El Tribunal de Cuentas Europeo ha avisado este miércoles de que la propuesta de la Comisión Europea para el marco presupuestario de la UE de 2028 a 2034 adolece de fallos significativos en el control de los fondos comunitarios. Según los auditores, el planteamiento actual no garantiza que pueda seguirse el rastro del dinero hasta sus beneficiarios finales ni define con precisión las consecuencias para los Estados miembro que incumplan las normas.
En su nuevo análisis sobre el futuro marco financiero plurianual, el órgano fiscalizador concluye que Bruselas solo ha aplicado de forma completa una de las 28 recomendaciones formuladas anteriormente para reforzar la gestión y la transparencia del presupuesto. Otras 19 mejoras se han incorporado únicamente de manera parcial y ocho siguen pendientes.
Las críticas se centran en el nuevo modelo de financiación, que prevé conceder ayudas en función del logro de determinados hitos y objetivos, sin que los pagos estén necesariamente ligados a los gastos efectivamente realizados.
Este enfoque, inspirado en el esquema utilizado para los fondos de recuperación tras la pandemia, se extendería a una parte sustancial de los programas europeos de los próximos siete años. No obstante, el Tribunal reprocha que las propuestas continúen priorizando la comprobación de etapas formales en lugar de medir los resultados concretos obtenidos con las inversiones.
En especial, los auditores alertan de que los desembolsos podrían aprobarse a partir de las declaraciones de los propios Estados miembro sin una verificación previa obligatoria, mientras que los criterios de evaluación y las responsabilidades de supervisión siguen sin estar suficientemente definidos.
El documento también cuestiona que las correcciones financieras definitivas por irregularidades puedan demorarse hasta febrero de 2036, algo que, a juicio del Tribunal, debilitaría el “efecto disuasorio” de las sanciones y complicaría el cumplimiento de las normas europeas y nacionales.
A ello se añade que la propuesta no garantiza la “plena trazabilidad” de los fondos europeos hasta los ejecutores finales de los proyectos. Por este motivo, los auditores reclaman reforzar los sistemas de control y clarificar en qué situaciones deben recuperarse las cantidades utilizadas de forma indebida.
Riesgos para las regiones y dudas sobre la reordenación de fondos
Otra advertencia relevante se refiere a la reconfiguración de los fondos agrícolas y de cohesión, que la Comisión plantea fusionar en un único fondo europeo dotado con 865.000 millones de euros, gestionado mediante planes nacionales y regionales diseñados por cada país.
El Tribunal teme que concentrar la planificación de estas ayudas en un solo documento por Estado pueda mermar la capacidad de decisión de las autoridades regionales sobre el reparto de los recursos. Además, subraya que aún no se ha definido con claridad cómo se evaluarán las reformas ni qué criterios se aplicarán para asignar la financiación.
Los auditores reconocen, no obstante, ciertos progresos en la simplificación de la arquitectura presupuestaria, que pasaría de siete grandes rúbricas a cuatro y reduciría el número de programas de 52 a 16. Sin embargo, insisten en que esta reorganización no implica automáticamente menos carga burocrática para los receptores de las ayudas.
Asimismo, critican que Bruselas no haya establecido en la legislación una definición precisa del concepto de “valor añadido europeo”, lo que, según el informe, podría dar pie a interpretaciones divergentes sobre los beneficios de las inversiones de la UE y dificultar la comparación de los resultados.
Alertas sobre la financiación y la protección del Estado de Derecho
En el capítulo de ingresos, el Tribunal advierte de que la incorporación de cinco nuevas fuentes de financiación, hasta alcanzar un total de nueve, incrementará la complejidad del sistema y puede elevar los costes administrativos tanto para los gobiernos nacionales como para la propia Comisión.
Frente a este planteamiento, los auditores sostienen que reforzar la recaudación de las fuentes ya existentes, en particular reduciendo las pérdidas fiscales vinculadas al IVA y a los derechos de aduana, permitiría limitar la necesidad de introducir nuevas contribuciones.
El informe también constata que la propuesta incluye mecanismos más estrictos para salvaguardar el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, aunque advierte de que algunas disposiciones podrían restar fuerza a las sanciones previstas en caso de vulneraciones.
En conjunto, el Tribunal concluye que los avances más significativos se registran en las reglas que facilitan adaptar el presupuesto a nuevas prioridades, mientras que las principales debilidades persisten en los instrumentos destinados a verificar los resultados del gasto y asegurar un control efectivo de los fondos.
“Necesitamos un presupuesto que muestre claramente lo que la UE puede aportar, que garantice una gestión adecuada de los fondos, y que refuerce la rendición de cuentas y la transparencia”, ha señalado el miembro del Tribunal responsable del análisis, Jan Gregor, quien ha defendido que sus conclusiones pueden contribuir a mejorar las normas antes de que concluya la negociación del próximo presupuesto europeo.