Cientos de empleados públicos que denuncian un abuso continuado de la temporalidad se han concentrado este miércoles ante el Congreso de los Diputados para reclamar que se les reconozca como personal fijo “como única reparación válida a décadas de contratación temporal abusiva”.
La movilización, convocada por la Asociación Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos (Ansiti) junto con las Plataformas de Afectados por la Función Pública (PAFP) de Madrid y Murcia, ha coincidido con la celebración del Pleno del Congreso. A la cita han acudido, en señal de respaldo, el diputado de Sumar por Sevilla, Francisco Sierra; el coordinador de Izquierda Unida en el Congreso, Juan Moreno; y las diputadas de Podemos Ione Belarra, también secretaria general del partido, y Noemí Santana.
La protesta se ha celebrado nueve días después de hacerse pública una nueva sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que concluye que ninguna de las medidas puestas en marcha hasta ahora por España supone una sanción adecuada ni disuasoria frente al abuso de la temporalidad en la Administración.
“Ni el indefinido no fijo, ni las indemnizaciones tasadas, ni los procesos de estabilización abiertos sirven. El Tribunal establece que España está obligada a compensar íntegramente el perjuicio causado”, sostienen los organizadores de la concentración.
Ansiti y PAFP denuncian que, durante décadas, las Administraciones Públicas han mantenido sus plantillas con personal temporal —funcionarios interinos, personal laboral temporal y estatutario— para cubrir funciones que, en la práctica, son permanentes y estructurales “y lo han hecho sin transponer la directiva europea que prohíbe expresamente esa práctica”.
De acuerdo con los datos que aportan a partir de estadísticas oficiales del Ministerio de Hacienda, el número de empleados afectados por este abuso de temporalidad asciende a 979.409 personas, de las que el 60% son mujeres. Entre quienes ya han sido cesados, el 70% no recibió ningún tipo de indemnización.
“Las Administraciones nos han considerado durante todo este tiempo meras plazas, meros números sin rostro ni familia. Pero somos personas. Más del 70% son mujeres mayores de 50 años con riesgo real de exclusión social”, subrayan las organizaciones convocantes.
Recuerdan además que las afectadas accedieron a la Función Pública mediante los procedimientos reglados establecidos por el propio Estado, respetando los principios de mérito y capacidad.
“El fraude no es de quien trabajó, es del empleador que utilizó la contratación temporal para evitar crear las plazas indefinidas que le correspondía crear. Esta concentración no es una protesta más. Es la respuesta de miles de trabajadores a los que el Estado ha utilizado durante décadas y ahora pretende echar a la calle como si nada. La sentencia lo ha dejado claro: ya no hay excusas ni salidas. Exigimos lo que nos corresponde: la fijeza”, ha señalado Lorenzo Campillo, afectado y presidente de Ansiti.
Según los convocantes, los procesos de estabilización pactados entre el Gobierno y los sindicatos no han resuelto el problema de la temporalidad y, de hecho, lo han empeorado, elevando la tasa de empleo temporal hasta situarla actualmente entre el 31% y el 34%.
Alertan igualmente de que más de 150.000 empleados en fraude de ley han sido despedidos sin indemnización tras décadas de servicio, algo que califican “como uno de los mayores abusos laborales en la Administración pública española”.
En este escenario, sostienen que la mayor oferta de empleo público de la historia, dirigida a alcanzar el umbral de temporalidad del 8% exigido por la Unión Europea, no aporta una solución real, “sino un cese masivo encubierto”.
“Al tratarse de convocatorias abiertas, quienes llevan años en situación de abuso compiten en desigualdad con aspirantes sin vinculación previa. El TJUE ya advirtió en la sentencia que este tipo de procesos no son una medida adecuada para sancionar el abuso”, remarcan los organizadores.
“Llevamos años viendo cómo se aprueban leyes que no resuelven nada. La llamada estabilización ha sido, en realidad, una desestabilización: tres años después, la temporalidad no se ha reducido, sino que ha aumentado. Más de 150.000 trabajadores han sido expulsados a coste cero tras décadas de servicio”, ha denunciado Ignacio Marcos Sánchez, portavoz y coordinador de PAFP Madrid.
“Estamos aquí, respaldados por las sentencias del TJUE, para exigir justicia, legalidad y reparación. No pedimos privilegios: exigimos el cumplimiento del Derecho europeo y el fin de este abuso estructural”, ha añadido.
Las entidades convocantes reclaman una reparación completa del perjuicio sufrido, articulada en cinco medidas principales: la aprobación de una norma específica que reconozca la fijeza de forma automática sin necesidad de pleitos individuales; la readmisión inmediata de quienes fueron cesados estando en abuso de temporalidad; indemnizaciones efectivas y disuasorias, proporcionales al tiempo de abuso y sin topes simbólicos; total transparencia en la identificación de los trabajadores afectados y en los criterios para determinarlos; y responsabilidad real y ejemplarizante para las administraciones que retrasen o incumplan las medidas destinadas a sancionar de forma definitiva el abuso de la temporalidad.