Facua Consumidores en Acción ha solicitado este jueves al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que intervenga con urgencia para asegurar que se respetan los topes de precios fijados en los servicios de transporte alternativo habilitados tras la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo).
En un comunicado, la organización califica de “fundamental” que el Ejecutivo ponga en marcha sistemas eficaces de supervisión y control que permitan detectar posibles incumplimientos de las limitaciones tarifarias, además de cualquier conducta abusiva que pueda darse en un contexto de emergencia en el que miles de usuarios se han visto forzados a reorganizar sus desplazamientos por la suspensión de la línea de alta velocidad que conecta Madrid y Andalucía.
La asociación subraya que el siniestro ferroviario de Urda y las alteraciones que genere en la movilidad ciudadana no deben transformarse en una ocasión para que las compañías de transporte incrementen sus márgenes. El Real Decreto-ley 32/2026, de 3 de noviembre, de ayudas a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) y por el que se garantiza la accesibilidad equitativa a bienes y servicios en situaciones de emergencia contempla un sistema temporal de limitación de los precios máximos durante la vigencia de la situación de emergencia, que consiste en “fijar como precio máximo el aplicable en un período anterior de referencia, con sujeción a un criterio objetivo y verificable, evitando así incrementos susceptibles de perjudicar gravemente a las personas consumidoras y usuarias en un momento de especial fragilidad”.
Para fijar el precio máximo durante una situación de emergencia, la norma toma como referencia el precio más alto efectivamente aplicado en los treinta días naturales previos al inicio de dicha situación. En aquellos servicios con fuerte componente estacional, se recurre como referencia a los precios del mismo periodo del año anterior, actualizados conforme al Índice de Precios al Consumo.
En noviembre de 2025, las tarifas más baratas en las aerolíneas que operan la ruta Sevilla-Madrid o Madrid-Sevilla se situaron aproximadamente entre 15 y 42 euros, mientras que el precio estándar por billete sencillo osciló entre 50 y 85 euros. La restricción a las subidas de precios seguirá en vigor mientras se mantengan las condiciones de demanda anómala directamente asociadas a la situación de emergencia.
En este contexto, Facua ha pedido al Ministerio de Consumo que exija a las compañías de transporte información detallada sobre sus políticas de precios y sobre los mecanismos que están utilizando para asegurar el respeto de los límites tarifarios fijados. Además, reclama que actúe con rapidez ante cualquier sospecha de cobros por encima de los importes autorizados y, de confirmarse, incoe expedientes sancionadores contra las empresas responsables por vulnerar la legislación de defensa de los consumidores.