Fedea prevé que las CCAA acaben 2026 con un déficit del 0,4% del PIB, muy por encima del 0,1% calculado por el Gobierno

Fedea anticipa que las comunidades cerrarán 2026 con un déficit del 0,4% del PIB, superando ampliamente las previsiones del Gobierno y la AIReF.

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Las comunidades autónomas terminarán 2026 con un déficit del 0,4% del PIB, un desajuste cuatro veces mayor que el 0,1% contemplado tanto por el Gobierno como por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), según las nuevas proyecciones difundidas este viernes por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

El último número del Observatorio Fiscal y Financiero de las CCAA, firmado por José Ignacio Conde-Ruiz (Fedea y UCM), Manuel Díaz (Fedea) y Carmen Marín (Fedea), apunta que esta brecha se producirá pese al intenso avance de los ingresos autonómicos y estará asociada a una fuerte expansión del gasto público.

Aunque el déficit estimado coincide con el previsto para el cierre de 2025 (0,4% del PIB), los autores alertan de que, si el resto de subsectores mantuviera las previsiones de la AIReF —que sitúan el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas en el 2,8% bajo el supuesto de un 0,1% autonómico—, esta desviación empujaría el déficit global de las Administraciones Públicas por encima del 3% del PIB.

Para construir el escenario de cierre de ejercicio, el informe utiliza los datos de ejecución de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) hasta julio de 2026, mes en el que las comunidades presentaban un saldo negativo en Contabilidad Nacional de 429 millones de euros (-0,02% del PIB), algo mejor que el registrado en julio de 2025 (-1.668 millones, -0,10% del PIB).

Hasta esa fecha, los ingresos no financieros aumentaron un 6,6% (10.235 millones de euros), impulsados fundamentalmente por los recursos del sistema de financiación autonómica, mientras que los gastos no financieros crecieron un 5,7% (8.996 millones), por encima de la tasa de referencia del 3,5% fijada por la regla de gasto.

En particular, Fedea destaca el notable incremento hasta julio de las principales rúbricas de consumo público, como la remuneración de asalariados (7,1%), los consumos intermedios (4,9%) y las transferencias sociales en especie (5,3%), además de los intereses (9,8%).

Según los cálculos del ‘think tank’, si el gasto autonómico hubiera seguido una trayectoria más contenida y alineada con la regla de gasto del 3,5%, el subsector habría cerrado 2026 con un ligero superávit del 0,1% del PIB.

Para el último tramo del año (de agosto a diciembre), el estudio anticipa un efecto diferencial positivo en los ingresos de 5.457 millones de euros (0,3% del PIB) frente al mismo periodo de 2025, debido sobre todo al incremento de las entregas a cuenta (5.155 millones) y a un efecto neto de 302 millones ligado a la evolución del ITP y AJD y, en Canarias, del IGIC, cuya recaudación disminuye.

En cuanto al gasto, se proyecta un efecto diferencial total de 6.544 millones de euros (0,4% del PIB), que resulta de sumar 5.832 millones por la evolución del gasto corriente y los intereses, detraer 118 millones por el ajuste de la subida salarial retroactiva contabilizada en diciembre de 2025 y añadir 830 millones por operaciones extraordinarias identificadas por la AIReF que afectan a Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias y Extremadura.

Nueve comunidades en números rojos y ocho con superávit

Por regiones, las previsiones muestran una gran disparidad, con nueve comunidades que concluirán 2026 en déficit y ocho que lo harán en superávit.

Los mayores desequilibrios corresponderán a la Comunidad Valenciana (-1,8% del PIB), donde se incorpora el impacto diferencial de la DANA, y a Murcia (-1,6%).

A continuación se sitúan Cataluña (-0,8%), País Vasco (-0,7%), Canarias (-0,5%), La Rioja (-0,5%), Andalucía (-0,2%), Aragón (-0,2%) y Comunidad de Madrid (-0,1%).

En el polo contrario, Navarra liderará el grupo de territorios con saldo positivo, con un superávit del 2,3% del PIB, seguida por Galicia (0,4%), Asturias (0,3%), Extremadura (0,2%), Cantabria (0,2%), Castilla y León (0,2%), Castilla-La Mancha (0,2%) y Baleares (0,1%).

Por último, los investigadores recalcan que, ante la entrada en vigor de las nuevas reglas fiscales europeas, España debe afrontar un exigente proceso de consolidación fiscal y de reducción gradual de la deuda en el que las comunidades autónomas han de implicarse mediante una gestión más estricta, la racionalización de políticas y una disciplina del gasto más firme, advirtiendo de que el aumento de los ingresos por sí solo no basta para mejorar de forma sostenida los saldos presupuestarios.